HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CHILENOS ENTRE DOS GUERRAS CIVILES (1830-1891)

 

Edificio del Congreso Nacional de Santiago, entrado en funciones en 1876. Imagen  publicada por "The Illustrated London News" en 1891.

Un libro básico y que sirve de matriz para avanzar en el tema histórico de los partidos políticos es el de René León Echaíz, titulado "Evolución histórica de los partidos políticos chilenos", que he vuelto a consultar con algunos otros más a mano para dar cuerpo al contenido de esta entrada.

La dura contienda entre los dos grupos dominantes de la confrontación política de los pipiolos, de ideas liberales y muy influidos por el igualitarismo revolucionario francés, y los pelucones, de tendencia conservadora e influidos por el pensamiento estanquero y portaliano, comenzó su disputa por elegir al vicepresidente de las elecciones presidenciales de 1829. Esto llevó al enfrentamiento bélico final entre ambos bandos, gestándose así la primera guerra civil chilena después de la Independencia, si obviamos que la lucha emancipadora también tuvo algo de fraticida.

La acefalia del mando supremo se había mantenido hasta que asume la Junta de Gobierno presidida por el pelucón José Tomás Ovalle Bezanilla, el 24 de diciembre de 1829, seguido después por el presidente provisional Francisco Ruiz-Tagle Portales, también de esas filas, electo por el Congreso y asumido el 18 de febrero de 1830. Sin embargo, sus diferencias con el General José Joaquín Prieto Vial y con los demás jefes pelucones, además de sus problemas de salud, lo llevaron a dimitir poco después. Habría sido persuadido de tomar la difícil decisión por su primo don Diego Portales Palazuelos, el solemne símbolo viviente de la nueva etapa política que ya comenzaba, con todas sus grandezas pero sus defectos muy humanos también.

Ovalle retornó así al mando pero con el cargo de Vicepresidente provisorio, el 1° de abril siguiente, cuando el termómetro del conflicto estaba en su máxima presión y su más ardorosa gravedad. En la ocasión, Portales juró como Ministro de Interior, de Relaciones Exteriores y de Guerra y Marina.

La estatua ecuestre de don Manuel Bulnes, en Santiago.

CONSECUENCIAS DE LA BATALLA DE LIRCAY. REORGANIZACIONES DEL CONSERVADURISMO

Coincidentemente, la disputa entre ambos bandos de la guerra civil se había encarnizado tras la ruptura entre entre Ramón Freire y José Joaquín Prieto, siendo decidida en la histórica Batalla de Lircay del 17 de abril de 1830, episodio militar y político que aún sigue generando interpretaciones opuestas y sus correspondientes controversias. Ya nos referimos en términos un poco más amplios a esta guerra, al ver los primeros partidos políticos chilenos y culminar con pipiolos y pelucones, por lo que no haré una extensión del asunto acá.

A pesar de su alejamiento de la figura de Portales por desencuentros más personales que políticos, desde el exilio en Perú don Bernardo O'Higgins seguía atentamente los sucesos de su patria. Se recordará que el bando o'higginiano había estado en el lado de los pelucones en la guerra. Así, tras enterarse del triunfo sobre los pipiolos, escribió desde Lima a su antiguo camarada de armas el General Prieto, el 24 de mayo, elogiando a los vencedores. También hemos citado esta carta en la entrada sobre los primeros partidos políticos de Chile, para desalentar ciertas visiones u opiniones que intentan sembrar dudas más cerca de nuestra época, sobre cuál habría sido la real posición de O'Higgins frente a dicho conflicto.

La victoria de los pelucones, entonces, puso fin a los gobiernos pipiolos y al período de organización de la República, iniciando una nueva etapa que abordaré ahora y que decidió el curso que tomaría la política chilena en el siglo XIX.

La figura de Portales se yergue como nunca antes en la historia gubernamental de Chile, en este período. A pesar de que muchos historiadores contemporáneos han interpretado que se exageró la importancia del ministro en la realidad histórica, considerándola más bien una construcción y una canonización política, hay una flagrante contradicción en la que muchos de los mismos caen al tener que admitir la existencia de un gobierno, régimen o principio "portaliano", definido frecuentemente también como una dictadura, lo que acaba confirmando -para nuestro gusto- que la figura controversial de don Diego realmente tuvo una injerencia extraordinaria en estas instancias de la vida nacional, por mucho que se simpatice o se detracte de ellas.

El giro de timón fue total después de Lircay, por consiguiente, con el aplastamiento total de las idealizadas aspiraciones del bando liberal-pipiolo derrotado y con el advenimiento de lo que los historiadores clásicos denominaron como el referido  régimen o el gobierno portaliano, principio de la República Conservadora. En consecuencia, el liberalismo en sus estados primitivos de la política chilena acabó desapareciendo, pero después surgiría otro movimiento actualizado retomando esta misma línea y posta, con fuerzas renovadas, como veremos.

Tras morir Ovalle en el mando, el 21 de marzo de 1831, fue sucedido por otro afín a los pelucones: Fernando Errázuriz Aldunate, quien se mantuvo en el cargo de Vicepresidente hasta el 18 de septiembre, de manera provisoria. Con el fin de su mandato en el mes de septiembre, no sólo comenzaba llano ya el largo período de los gobiernos conservadores y luego liberales, sino también se dejaban atrás los últimos rastros del desorden de sus primeras décadas de autodeterminación política.

El recién asumido Presidente José Joaquín Prieto, que gobernaría en dos períodos hasta 1841, lidiaría con los brotes de militarismo y rebeldía del Ejército, donde la sedición y el afán por las conspiraciones no se extinguía, fomentado incluso desde el extranjero, en algunos casos. Esto facultó al Ministro Portales a aplicar sus controvertidas medidas duras e imperativas de imposición del Estado buscando garantizar el orden, amparándose en la nueva Constitución Política de 1833; pero también le costarían la vida, asesinado por los sublevados del Batallón Maipú el 6 de junio de 1837.

Sin embargo, Prieto pudo saborear después el triunfo militar chileno en la Batalla de Yungay, que puso fin a la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana el 20 de enero de 1839, casi como voluntad póstuma del asesinado ministro. Esta vez, cuando O'Higgins se entera del triunfo, dejando de lado su apasionada defensa por el Protector de la Confederación, su amigo el Mariscal Andrés de Santa Cruz, escribe a Prieto el 5 de marzo:

...la victoria de Yungay vuelve a poner la pluma en mis manos, no para distraerlo de sus graves atenciones, sino para felicitarlo por un triunfo en que nuestra querida Patria ha obtenido todo cuanto podía desear, su honor, su seguridad y la independencia del Perú, por lo que Chile ha hecho tan grandes como generosos sacrificios.

El gran vencedor de Yungay, el General Manuel Bulnes, será elegido para suceder a Prieto, asumiendo la Presidencia de la República el 18 de septiembre de 1841. A diferencia de su predecesor, que era un gobierno más bien transicional entre los pelucones y los conservadores, el suyo iba a ser uno definitivamente más cercano a lo conservador, que logró prolongarse también en dos períodos y concretar desde sus inicios obras de consolidación nacional, tales como la fundación de la colonia de Magallanes en 1843, el reestablecimiento de la Escuela Militar y la creación institucional de la Escuela Naval.

Empero, a pesar de ser también una consecuencia del régimen portaliano y sus políticas fundamentales, sería en el Gobierno de Bulnes donde rebrotaría el liberalismo como partido político.

Entre tanto, como parte de la transición y modernización adaptativa de las corrientes políticas, había debutado ya un grupo que puede ser llamado pelucón-conservador,  remontado a 1836. Conglomerado medianamente formal, logró agrupar en sus filas tres tendencias políticas bastante definidas, vencedoras de 1830 pero procedentes del período inicial de los partidos en la Independencia y la organización republicana al que ya nos hemos referido:

1. Los pelucones, principales vencedores de Lircay y representantes del ala más tradicional y conservadora, al punto de que su nombre seguirá siendo usado como sinónimo de este nuevo referente.
2. Los o'higginistas u o'higginianos, surgidos de los apoyos y lealtades a O'Higgins que se remontaban a la Guerra de la Independencia y que estuvieron también en las filas vencedoras que aplastaron a los pipiolos.
3. Los estaqueros, genuinos representantes del pensamiento portaliano que venían a ser algo así como la corriente menos político-ideológica y más práctica y utilitaria de las tres reunidas, muy relacionada con comerciantes y hombres de acción más que de aspiración.

No obstante, las diferencias entre estos sectores y sus posiciones frente a la influencia de la Iglesia sobre la política, precipitaron la ruptura del intento agrupador del conservadurismo, que acabó dividido en al menos dos líneas: los tradicionalista, más relacionados con la oligarquía conservadora propiamente tal, y los socialcristianos, más sintonizados con el influjo clerical y, en algunos ámbitos, casi anticipando ciertos aspectos que se identificarán después con las propuestas sociales la Iglesia Católica, aunque también con su proteccionismo de intereses corporativos.

Ambos grupos parecieron irreconciliables hasta 1857, como veremos, cuando las circunstancias políticas obligaron a limar asperezas y adherirse a un partido formalmente constituido, primero del conservadurismo tal como lo entenderíamos hoy.

Retrato litográfico de don Diego Portales Palazuelos.

RESURGIMIENTO DEL LIBERALISMO COMO MOVIMIENTO. LOS CLUBES DE LA REFORMA Y LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD

En los días en que Bulnes ostentaba el mando en el Palacio de la Moneda (edificio que él mismo eligió como sede del Ejecutivo en 1845, además), la sociedad chilena había comenzado a abrirse a la influencia intelectual extranjera, o al menos la parte más letrada e instruida de la misma. Casi al mismo tiempo en que se conocía entre la juventud chilena la obra del francés Alphonse de Lamartine, su "Historia de los girondinos", de gran huella sobre el pensamiento de entonces, llegaban también las noticias sobre la revolución de 1848, que restauró el camino republicano de la vieja revolución francesa e hizo caer la corona de Luis Felipe I.

Estas influencias intelectuales provenientes desde Francia (país que ya entonces era visto en las élites chilenas como un símbolo de progreso y modernidad) comenzaron a inspirar ideas más frescas y juveniles, volviendo la mirada hacia nuevas formas de liberalismo republicano, además de motivar un interés en el surgimiento de los partidos demócrata y radical de la llamada Segunda República Francesa.

En efecto, la aparición de movimientos republicanos moderados franceses dirigidos por el propio Lamartine, además de las corrientes radicalistas y socialistas pre-marxistas, abrieron campo a la irrupción de los ideales liberales y otros posteriores de orientación obrera, exigiendo derechos como el sufragio universal y el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores.

Entre los promotores de este nuevo movimiento, estuvieron José Victorino Lastarria, Ventura Marín Recabarren y los hermanos Francisco y Manuel Bilbao Barquín, cuyas publicaciones alentaron y dispersaron el mismo ideario. Por el lado de la llamada Sociedad de la Igualdad de Bilbao, de la que hablaremos más abajo, llegaron también  Eusebio Lillo (autor de la letra de la Canción Nacional), Manuel Recabarren Rencoret, José Zapiola, y después Manuel Guerrero Prado y Francisco Prado Aldunate.

Los liberales participaron mucho también del ambiente de desarrollo social que experimentaba el país entrado en su ordenamiento republicano: fundación de periódicos, creación de la Universidad del Estado, mejoramientos en la enseñanza pública, creación de sociedades literarias, círculos intelectuales, sedes sociales, etc. Aparecen, además, los llamados Clubes de la Reforma, de mentalidad esencialmente afín al liberalismo y que, copiando los idearios europeos, proponían:

• Reducir el poder presidencial suprimiendo la posibilidad del Ejecutivo para dictar Estados de Sitio o solicitar facultades extraordinarias.
• Elaborar y establecer una nueva Constitución Política, sobreentendiéndose que debía ser más acorde al ideario liberal.
• Terminar con la posibilidad de las reelecciones del presidente de la república, mecanismo que ya había extendido los gobiernos de Prieto y Bulnes por diez años cada uno.
• Descentralizar la administración pública, quizás restaurando parte de la mentalidad federalista que surgió en algún momento de la anarquía post-Independencia.
• Elección por voto popular de las autoridades del Poder Judicial.
• Establecer responsabilidades de los Ministros de Estados.
• Ampliación del derecho a voto ciudadano.
• Libertad de imprenta.
• Abolición de los fueros.

Uno de los testigos directos de la revolución de 1848 en Francia, había sido el propio Francisco Bilbao, a la sazón joven editorialista y escritor chileno que, tras escandalizar a los sectores conservadores con su trabajo titulado "Sociabilidad chilena", debió a marchar al exilio luego de una condena del Jurado de Imprenta, refugiándose en Europa. Allá había entrado en contacto con algunos de los cabecillas del alzamiento francés, empapándose de sus ideas y propuestas. Volvió a Chile decidido a acabar con la herencia del concepto portaliano del poder, apoyado por personajes de la talla de Benjamín Vicuña Mackenna y Federico Errázuriz Zañartu.

Bilbao, asistido por Santiago Arcos y usando por base a los Clubes de la Reforma, fundó la ya comentada Sociedad de la Igualdad en 1850, con aspiración de constituirse en un partido proletario y popular, que a la larga se afiliaría al movimiento liberal como una corriente de vertiente distinta a las otras que darían vida a ese conglomerado. Su medio difusión también creado por Bilbao, fue el periódico "El amigo del pueblo". Se lo identifica como uno de los primeros movimientos en fomentar la lucha de clases entre los obreros, azuzando el conflicto con las élites patronales y los ricos.

Entre los principales postulados de la Sociedad de la Igualdad, estaban la creación de escuelas públicas gratuitas, aumento de los baños públicos, el sufragio universal, implementación del sistema de montepíos (montes de piedad) y la creación de bancos para obreros. También implementaron clases gratuitas para trabajadores de educación cívica, inglés, matemática y música, entre otros ramos. Si bien esta escuela ya era casi paralela a la del marxismo internacional, cronológicamente hablando, sus orientaciones libertarias e igualitarias eran diferentes. No obstante, los primeros resultados no fueron realmente positivos para la conquista de derechos, sino más bien para justificar persecuciones y la posterior ruptura de Bilbao con los liberales.

Todas estas ideas e iniciativas, sin embargo, fueron decisivas para los bríos que iba a tomar el nuevo movimiento liberal chileno. Además, a pesar de que la controversia por la posesión de la Patagonia comenzaba precisamente en esos años, los liberales chilenos encontraron buenos aliados y camaradas entre los muchos argentinos que llegaron exiliados o escapando de la Dictadura de Juan Manuel de Rosas, lo que fomentó también un renacer de ideas americanistas, como no se veían desde las luchas de la Independencia.

Lastarria fue, sin embargo, el mayor impulsor del nuevo partido en formación. Pero, como hombre de letras, su gran currículo era esencialmente intelectual, mas no profesional ni práctico, pues sus incursiones en la diplomacia y la política resultaron francamente desastrosas en algunos casos, por mucho que se quiera enaltecer su panegírico en nuestros días. Lo suyo era pues, el academicismo, la literatura, la cátedra, el discurso; no las arenas donde se decidían con más realismo y fría sensatez los destinos e intereses nacionales.

Plaza de Armas de Santiago, hacia 1835.

LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL EN CHILE

Bulnes había colocado en el Ministerio de Hacienda y luego en el de Interior a don Manuel Camilo Vial, en 1847, miembro de un grupo pelucón denominado los filopolitas, remontado también a los tiempos de Portales y que había seguido una tendencia un tanto disidente con la estrictez de aquel partido, predicando evitar las persecuciones políticas y reducir la creciente influencia del clero.

Pero el tiempo había pasado ya, y los modelos de identificación entre pelucones y pipiolos ya no cabían en esta nueva etapa, permitiendo alianzas o metamorfismos que resultarían curiosos en otra interpretación o contexto de tiempo. Los pelucones adictos a Vial se parecían cada vez más a los liberales, en consecuencia.

Sin embargo, un gran retroceso se había producido para las condiciones favorables del liberalismo frente a los gobiernos conservadores: cobraba fuerza la figura de don Manuel Montt Torres, civil considerado la "mano derecha" de Bulnes y continuador del Estado sólido, firme y "en forma", al decir de Portales.

La gestión ministerial de Vial fue, en gran medida, una cruzada casi personal contra el ascenso de Montt, cada vez más popular y cercano al sillón presidencial, lo que le hizo ganarse las simpatías de la joven camada liberal, diluyendo la distancia de los últimos años del Gobierno de Bulnes con este sector político, al menos en una parte importante del oficialismo. De esta manera, cuando tuvieron lugar las elecciones parlamentarias de 1849, muchos de los nuevos miembros del Congreso Nacional eran de tendencias liberales pero formando parte de ese oficialismo... Cosas de la política.

Ese mismo año, Vial tendría que dejar el gobierno al hacerse insostenibles ya sus diferencias con la línea de Bulnes. Lideraría, a partir de entonces, un grupo de disidentes, opositores y liberales que ese mismo año constituyeron su propio partido. Los adeptos de estas ideas en el Congreso se volcaron a la oposición, entonces, atrayendo también a los restos náufragos de los primeros liberales doctrinarios y los pipiolos dispersos desde sus desafortunadas aventuras de 1828-1829.

Estas iniciativas fueron consolidando políticamente al grupo, además, por lo que al terminar el Gobierno de Bulnes, el 18 de septiembre de 1851, el flamante partido liberal chileno ya estaba orgánico y en operaciones desde 1849. León Echaíz lo describe de la siguiente manera:

No se trataba ya del grupos amorfos y anarquizados, como los antiguos pipiolos. Ahora las ideas liberales estaban representadas por elementos de consideración, intelectuales de nota y juventud idealista y avasalladora.

No era, por lo tanto, un partido "heredero" de los pipiolos, como a veces se cree, sino una confluencia nueva, formada por los siguientes grupos que encontraron un eje gravitacional en él:

1. Pelucones moderados simpatizantes de Vial, restos de aquellos años de los primeros de partidos políticos en donde la identidad de cada conglomerado se reducía a las fuerzas que acompañaban sólo un apellido y, secundariamente, el proyecto que éste representara. Prueba de ello es que, en la práctica, estos pelucones no tenían ninguna diferencia esencial con respecto a los que apoyaban a Bulnes y a Montt, salvo quizás un origen mas bien acomodado y de alta sociedad.
2. Exaltados de nuevas generaciones, muy parecidos a los que se vieron durante el proceso de Independencia, que eran capitaneados por Lastarria. Exigían una reforma total del sistema político y estaban profundamente influidos por el revolucionarismo francés y el americanismo.
3. Los restos del movimiento pipiolo que, a diferencia de lo que algunos suponen hoy, eran quizás la parte ya más débil y menos determinante del nuevo partido, por corresponder a lo que quedaba de ellos tras la derrota de Lircay. De hecho, mucha de su motivación a entrar en el partido liberal se reducía al afán de tomar revancha contra los conservadores del gobierno, tras perder con ellos la guerra en 1830.
4. Los miembros de la Sociedad La Igualdad, aunque no mucho después terminaron separándose y formando el sustrato base de lo que sería el partido demócrata, como veremos. A pesar de lo mucho que impulsó al creciente ideario y la simpatía por el liberalismo, para muchos las ideas de choque de clases fomentadas por este grupo sólo perjudicaron las reales intenciones del partido, obligándolos a pagar los platos rotos de tal discurso aleonando a los trabajadores y a los sectores más agresivos de la política.

Esta heterogénea fauna dentro del partido liberal fue una característica durante toda su existencia, con algunas variaciones en el camino, pero marcado por innumerables conflictos internos, volteretas en determinadas circunstancias políticas, alianzas con enemigos, divisiones feroces y hasta su aporte a la peor de las guerras civiles que haya tenido el país.

A nivel diplomático, además, esta falta de cohesión y el abuso del romanticismo como ideal político entre los liberales, se manifestó en casos de entreguismo realmente compulsivo y delirante, como fue la campaña para arrastrar a Chile a la Guerra contra España de 1865-1866 tras la ocupación hispana de las islas peruanas Chincha (intromisión que nos costó la destrucción de Valparaíso por la flota española), la descarada defensa de Lastarria a los intereses argentinos en Magallanes y la actuación de Manuel Bilbao como agente de propaganda del expansionismo platense sobre el territorio en disputa, que incluso provocó protestas populares en su contra en Santiago obligándole a huir de vuelta a Buenos Aires, en alguna ocasión.

Curiosamente, como comentario al margen, podemos observar que en lo poco que lleva refundado el actual Partido Liberal de Chile (desde 2013), según sus críticos también ha acusado la misma carencia de brújula y de líneas de definición que acompañaron al anterior conglomerado homónimo, optando por abrirse a alianzas electorales con grupos muy diferentes al suyo, incompatibles con los principios liberales, en algunos casos.

Presidente Manuel Montt.

LA REVOLUCIÓN DE 1851. TRIUNFO ELECTORAL DE MONTT Y PERSECUCIÓN A LOS IGUALITARIOS

Los ánimos comenzaron a caldearse contra la Sociedad de la Igualdad no sólo entre sus enemigos, sino también sus correligionarios liberales: cada concentración o celebración pública de la organización acababa en desórdenes, destrucción e ilusos intentos de iniciar un conato revolucionario, desmadres que daban la excusa perfecta a sus adversarios para iniciar persecuciones y atacar políticamente al partido.

Este sentimiento sería utilizado por sus enemigos conservadores y así, en agosto de 1850, la sede de la Sociedad de la Igualdad en La Chimba de Santiago, fue asaltada y atacada durante una noche por un grupo armado de agresores y bandoleros, que al grito de "¡Viva la religión!" y "¡Mueran los herejes!", buscaban a Bilbao de seguro para darle muerte. Afortunadamente para él, no se encontraba presente o logró escabullirse evitando a los agresores.

Mientras seguían decididos a frenar el avance de Montt, en plenas campañas se reunieron liberales e igualitarios para tratar de promover el rechazo a la candidatura que, según vociferaron entonces, "representaba los estados de sitio, las deportaciones, los destierros, la corrupción judicial, el asesinato del pueblo" y prácticamente todo lo peor que podía esperarse de un gobierno despótico y de la sombra portaliana que, para ellos, era un verdadero anatema. Bilbao y Lastarria encabezaron el desafiante desfile de aquella jornada cargada de proclamas amenazantes.

Era sólo cosa de tiempo para que ardiera Troya... Alentados precisamente por la Sociedad de la Igualdad, una intentona revolucionaria estalla en San Felipe en noviembre de 1850, siendo duramente reprimida por el gobierno y dando la oportunidad para emprenderlas en Santiago con similares medidas. La agrupación, de este modo, fue proscrita por decreto de la Intendencia de Santiago del 9 de noviembre, y los dirigentes que no salieron corriendo como almas que se las llevaba el Diablo, de todos modos terminaron detenidos y exiliados, entre ellos Lastarria y Errázuriz Zañartu.

Para empeorar la situación, el 20 de abril de 1851, estalló un intento de revolución comandado por el Coronel Pedro Urriola Balbontín en Santiago, que se había fraguado nuevamente en complicidad con civiles e intelectuales liberales extremos como Bilbao y Lastarria, ya de vuelta en Chile por un breve tiempo antes de tener que huir de regreso a Lima.

La calaverada resultó desastrosa para los rebeldes: de los 5 mil hombres que habían prometido Bilbao y Recabarren Rencoret, apenas 15 tuvieron el valor de presentarse ante Urriola, poniéndose a su disposición. Más de 200 muertos quedaron tendidos en el sector del Cerro Santa Lucía, la actual Plaza Vicuña Mackenna y la Alameda de las Delicias, cuando se produjo la contraofensiva del Gobierno de Bulnes. Entre los fallecidos estaba el propio Urriola, alcanzado por las balas de un guardián.

En este clima incendiario, se realizaron las cuestionadísimas elecciones del 25 de junio que tanto querían frenar los rebelados, ganadas holgadamente por Montt... Pero la revolución estaba lejos de haber terminado.

Para desgracia del partido liberal, Montt debía tomar el mando el mismo día en que lo dejaba Bulnes, en las Fiestas Patrias de 1851. Su candidatura había sido desde el principio, el candado ideal que tenían los conservadores para cerrarle el paso a los liberales en aquel momento. Además, la Sociedad de la Igualdad había cometido suficientes excesos ya que también sirvieron de excusa a los enemigos de la proliferación de tales ideas liberales, para dar más solidez al bloque pelucón-conservador firmemente dispuesto en torno a su candidato.

El triunfo de Montt hizo estallar la furia y la frustración de los partidarios del General José María de la Cruz Prieto, Intendente de Concepción, primo del Presidente Bulnes y también conservador, pero adversario del presidente electo con quien había competido en las urnas apoyado por los liberales y por la aristocracia penquista como esperanza para salvar los petitorios contra la agenda centralista.

Incapaz de aceptar las oscuras circunstancias de su derrota, entonces, desde Concepción, De la Cruz denunciaba un fraude electoral y llamó a la sublevación, lo que daba a los liberales la oportunidad perfecta de salvar la revolución, cada vez con más características de nueva guerra civil. El levantamiento propiciado por el apodado Caudillo del Sur, aunque dirigido formalmente no por él sino por sus afines Fernando Baquedano Rodríguez y Cornelio Saavedra, se produjo el 13 de septiembre de 1851, faltando sólo cinco días para que Montt asumiera el mando.

Los revolucionarios contaban con unos 4 mil hombres, en una diversa concentración de militares liberales, montoneros, veteranos de guerras anteriores e indígenas al mando del cacique mapuche Colipí. En síntesis, exigían bloquear la presidencia de Montt y una nueva Constitución Política abandonando la de 1833. Tanto era así que, en La Serena, los adherentes al movimiento como Vicuña Mackenna, Pedro Pablo Muñoz y los hermanos Antonio e Ignacio Alfonso, tras formar la milicia llamada "Restauradores del Norte" con 600 hombres distribuidos por la provincia, declararon fuera de la Carta Magna todo el territorio e instalaron su propio gobierno. El director de la milicia era don José Miguel Carrera Fontecilla, hijo del prócer José Miguel Carrera Verdugo.

La excesiva confianza de De la Cruz tras asumir el mando de sus leales y avanzar con ellos hacia Santiago, se enfrentó con la durísima realidad en la Batalla de Loncomilla, en Linares, el 8 de diciembre siguiente. El Ejército, comandado por el propio ex Presidente Manuel Bulnes, aplastó a los insurrectos atacándolos por sorpresa con una cantidad de hombres prácticamente similar a la de los alzados. Los derrotados ordenaron repliegue, pero fueron perseguidos hasta las riberas del río Maule, viéndose obligados a firmar la rendición formal el 11 de diciembre.

Humillado, dejando el uniforme y la vida política, De la Cruz se retiró a una vida sombría y lejos de la publicidad, no volviendo a la deliberación jamás, hasta su muerte.

El asumido Presidente Montt, entonces, pudo tener el camino más despejado para sus primeros años de mando. En honor a la verdad, era un hombre de gran prestigio, seriedad y dotes de estadista: bienquisto y respetado, representaba muy bien el obstáculo con el que debían estrellarse los petitorios de los grupos liberales y sus primeros Clubes de la Reforma, que alarmaban tanto al conservadurismo. Su mandato, considerado en algunas opiniones como el mejor gobierno que tuvo Chile en el siglo XIX, sin embargo de todos modos no podría evitar encontrarse de cara con el ambiente de conflicto que se liberaría entonces y que continuó tras las rebeliones de Urriola y De la Cruz.

Imagen de la Plaza de Armas, hacia 1859.

RUPTURA CON LA IGLESIA Y FUNDACIÓN DEL PARTIDO CONSERVADOR

Si bien los antiguos pelucones no estaban imbuidos en las cuestiones de la Iglesia, varias situaciones  de tensión con ella, ocurridas durante el Gobierno de Montt, hicieron a los conservadores repensar una posición al respecto. Además, la tendencia de Montt a rodearse de colaboradores o asistentes que eran esencialmente útiles a sus propósitos gubernamentales, había reducido mucho la injerencia pelucona-conservadora sobre las decisiones del Ejecutivo, hiriendo el orgullo de quienes habían estado acostumbrados ya a hacer valer el peso de sus intereses e idearios sobre las mismas.

Una de las irritaciones en este sentido, fue la fuerte controversia que vino a suscitarse cuando la Iglesia, con apoyo de algunos miembros del conservadurismo, pretendió que todo el cuerpo académico, directorio y hasta los empleados del Instituto Nacional, provinieran del ambiente clerical. La reacción de Montt y de su Ministro de Interior don Antonio Varas, fue resistirse a semejante propósito, aceptando la renuncia del Presbítero Orrego en la rectoría, para ser reemplazado por un laico.

Más tarde, el Senado aprobó un proyecto de ley para reestablecer la Compañía de Jesús en el país, gracias a las fuertes influencias del Arzobispo Valentín Valdivieso y de un poderoso sector de la alta sociedad chilena. Los jesuitas habían retornado ya en 1848, pero la Congregación no estaba reconocida con cuerpo formal y propio. Nuevamente, Montt y Varas se mostraron opositores a esta medida, pues preveían conflictos políticos a partir de la aprobación. Sólo en 1858, la Congregación pudo ser reconocida como provincia propia.

Finalmente, tuvo lugar el llamado Incidente o Cuestión del Sacristán de inicios de 1856, que a pesar de su insignificancia hizo explotar el polvorín de los conservadores hasta las nubes. Sucedió que el deán de la Catedral de Santiago expulsó del servicio a un sacristán llamado Pedro Santelices, bajo los cargos de haber destrozado con una piedra la claraboya de la sacristía y beberse el vino consagrado con sus amigotes. El vicario de la Arquidiócesis de la capital apartó al sacristán sin acuerdo con el Cabildo, pero Santelices recurrió al tribunal eclesiástico esperando poder revertir su situación. Dos canónigos de la Catedral y miembros del tribunal eclesiástico, críticos de la sanción y creyéndolo inocente, acabaron siendo apartados de sus cargos, por lo que también apelaron a la autoridad eclesiástica, concediéndoseles el recurso pero sólo en su aspecto devolutivo, por lo que debieron recurrir ahora a la Corte Suprema de Justicia. Así, quedaba sometido el asunto a tribunales civiles, reconociéndose con ello la competencia que dichas instancias tenían sobre asuntos de la Iglesia, al no haber una separación clara de ésta con respecto al Estado.

Como era de esperar, la Corte Suprema falló a favor de los clérigos y exigió que el sacristán fuese repuesto en su rol. Sin embargo, el deán no aceptó la sentencia y recurrió al tribunal superior de La Serena, azuzado por el Arzobispo Valdivieso, hombre admirable en muchos aspectos, pero realmente insufrible e imprudentísimo en otros, quien no aceptó el fallo civil desatándose con ello la tempestad. Más aún, al ver que su influencia y el peso de su imagen no eran suficientes para revertir la decisión de los tribunales de justicia, Valdivieso trató de rodearse de un grupo partidista que lo blindase e instó al Presidente Montt a hacer valer su título de Protector de la Iglesia, que era una de las credenciales formales de los mandatarios de entonces.

La situación no podía ser más compleja para Montt y Varas, que veían peligrar el apoyo conservador con este incidente. El recurso que procedía ahora era nada menos que apresar al propio Arzobispo y expulsarlo al destierro, por negarse a acatar el fallo de los tribunales, lo que habría significado el fin del apoyo de los conservadores más tradicionalistas y clericales, además de un escándalo de antología. Buscando zafarse de la incomodidad, entonces, por intermedio de Varas el gobierno solicitó a los dos clérigos y al expulsado sacristán, de retirar sus demandas contra el deán y así dejar sin efecto el fallo. Así lo hicieron, para mediana tranquilidad del Palacio de la Moneda, pero el daño ya estaba hecho.

La Cuestión del Sacristán, que en otras circunstancias probablemente ni siquiera habría ocupado registros históricos, tuvo enormes consecuencias políticas: puso fin al largo período transicional entre pelucones y conservadores que hemos señalado, dejando sentada ya la militancia y la agrupación de fuerzas que definieron al  partido conservador para el resto de su existencia, de base religiosa e inspiración eclesiástica.

Muchos conservadores reclutados en las simpatías con el Arzobispo, entonces, abandonaron el gobierno y se atrincheraron en este partido conservador, agrupación que no era otra cosa que el propio conservadurismo histórico reafirmando sus principios más tradicionales y clericales. Fueron don Manuel Antonio Tocornal y don Antonio García Reyes quienes impulsaron la fundación del nuevo conglomerado, entre 1856 y 1857.

En resumidas cuentas, el partido propició la relación política -estrecha e indisoluble- con la Iglesia, junto con el presidencialismo y el liberalismo económico, presentando ciertas semejanzas conceptuales con los sectores más aristocráticos y tradicionalistas dentro de los principales partidos de derecha chilenos de nuestra época, por mucho que estos hayan logrado superar ya los tiempos de simbiosis con las cuestiones eclesiásticas.

A la izquierda, propaganda electoral de Matta, Gallo y sus aliados constituyentes, como candidatos parlamentarios. A la derecha un típico minero chileno del Norte Chico del siglo XIX.

SURGIMIENTO DEL PARTIDO NACIONAL Y LA REVOLUCIÓN CONSTITUYENTE

El alejamiento de las masas conservadoras del gobierno, trajo como consecuencia un acercamiento con las fuerzas liberales que tan marginadas y golpeadas había quedado en los últimos años. Esta aproximación sería la base de lo que después fue una fusión partidista de objetivos electorales, que veremos más abajo.

El grupo conservador que permaneció leal a Montt, sin embargo, se agrupó en torno a un nuevo conglomerado: el partido nacional, conocido como el partido monttvarista por su inspiración y lealtades a las figuras de Montt y Varas, sus precursores. Fue creado a fines de 1857 y en su manifiesto participaron Diego José Benavente, Borja Huidobro y Domingo Matte.

El monttavismo era, por el contexto histórico, la Némesis del también recién creado partido conservador. A diferencia de los otros pelucones-conservadores, fundados en la Iglesia y en el tradicionalismo clerical, los nacionales eran de carácter más laico y práctico, fomentando la tolerancia religiosa pero más bien sometida al poder del Estado. Tan importante para el monttvarismo era esta identificación, de hecho, que recurrieron a un eslogan que evocara esos mismos principios pelucones, para hacerlos propios: "Libertad dentro del orden".

Empero, vimos ya en los primeros bosquejos de partidos que aquellos grupos ordenados en torno a apellidos, es decir, respondiendo a esquemas y proyecciones personalistas, suelen ser de corta duración o bien terminan obligándose a replanteamientos profundos para perdurar políticamente con alguna chance de permanecer en el poder. Respondiendo a esta lógica, los nacionales iban a levantar la candidatura de Varas para suceder a Montt, situados -sin saberlo- ya en el fin de la llamada República Conservadora que siguió a la decisiva Batalla de Lircay.

Coincidió que Montt tuvo enfrente un último gran obstáculo para la estabilidad nacional: el alzamiento de los constituyentes, en la Revolución de 1859, sorprendente e interesante movimiento de Copiapó surgido del descontento con el estado en que el centralismo mantenía a esa rica zona argentífera y de su deseo de desahuciar la Constitución de 1833.

El alzamiento fue impulsado por intelectuales e influyentes hombres cercanos al liberalismo, como  Manuel Antonio Matta, Isidoro Errázuriz y los hermanos Pedro León y Tomás Gallo Goyenechea, aunque no contaron con el apoyo de muchos de los liberales de Santiago, ya medianamente pacificados con el gobierno. Matta y Vicuña Mackenna dirigían también un periódico liberal titulado "La Asamblea Constituyente", que exigía la pronta reforma constitucional, quizás la bandera más visible de los revolucionarios.

Para poner en contexto, el regidor de Copiapó, Pedro León Gallo, había sido bajado de su cargo por el Intendente José María Silva, en respuesta a sus reiterados reclamos de autonomía para la provincia, generando un gran estallido local de malestar contra el gobierno. Los primeros movimientos que anticipaban la revolución comienzan a sentirse en noviembre de 1858, con la formación de una milicia llamada Los Constituyentes, que exigían la elaboración de una nueva Constitución Política que respetara los intereses de las provincias, especialmente la suya. El grupo, dirigido por Pedro Pablo Zapata, se tomó pacíficamente un cuartel de policía local, el 5 de enero del año siguiente, haciendo huir a Silva Chávez y colocando a Gallo como intendente revolucionario, previa aprobación de una asamblea ciudadana.

Su afán autonomista era tal, que alzaron como símbolo una bandera de paño azul con estrella amarilla, hoy símbolo regional de Atacama, e hicieron acuñar sus propias monedas de circulación provincial, muy cotizadas por coleccionistas en nuestra época. Después, el alzamiento encontraría ecos en San Felipe, Valparaíso y Concepción, por lo que urgía una respuesta del gobierno, que rápidamente aumentó las filas del Ejército desde cerca de 3.000 hombres a unos 7.000, para ir a hacerles frente.

Sabiendo que debía avanzar hasta La Serena para asegurar posiciones, Gallo y su ejército de mineros y milicianos atacameños marcharon hacia el Sur, enfrentándose el 14 de marzo con Silva Chávez y sus fuerzas militares en la sorprendente Batalla de Los Loros, donde los revolucionarios derrotaron al Ejército de Chile, ni más ni menos, obligándolo a replegarse hacia Coquimbo y a ceder la ciudad, embarcándose hacia suelo seguro.

Sin embargo, tras este epopéyico episodio de la historia militar, los constituyentes y su romántica cruzada acabaron siendo derrotados por el Ejército el 29 de abril, en la Batalla de Cerro Grande, que puso fin al épico alzamiento y obligó a los cabecillas de la revuelta a escapar a Argentina.

A pesar de la derrota, los valientes y aventureros constituyentes se anotaron una pequeña victoria política: tras la propuesta para la candidatura presidencial de Varas, el ministro y militante nacional, en una enorme prueba de sensatez y de patriotismo, previendo las complicaciones políticas que provocaría aceptar tal desafío y habiendo palpado hasta dónde habían llegado las confrontaciones, declinó a la posibilidad a pesar de las grandes probabilidades que tenía de ganar en las urnas. Pocas veces se ha visto en la historia de las artes políticas -tan sectarias y egoístas por su propia esencia- un acto más generoso y altruista.

Con la renuncia de Varas a la postulación presidencial, entonces, fue reemplazado por el candidato José Joaquín Pérez Mascayano, levantado también por el partido nacional. Su elección puso fin a la República Conservadora, cuando asumió el 18 de septiembre de 1861.

Monedas de Copiapó, acuñadas durante la Revolución de los Constituyentes de 1859.  Museo del Banco Central.

J. J. PÉREZ VUELVE LA ESPALDA A LOS NACIONALES. LA FUSIÓN LIBERAL-CONSERVADORA Y EL SURGIMIENTO DEL PARTIDO RADICAL

Sin embargo, los tiempos seguían cambiando, y J. J. Pérez optó por no gobernar con sólo el partido nacional que lo proclamó, sino también con el partido conservador y el partido liberal, con Manuel Alcalde capitaneando el gabinete. Conservadores y liberales trabajando unidos, habría sido algo impensable en otros años.

Más aún, profundizando su orientación, en 1862 los nacionales quedaron penosamente apartados por una insólita vuelta de espalda del mandatario, quien prefirió permanecer sólo con liberales y conservadores en su círculo. Se cree que esta decisión podría haber sido un castigo a presiones de nacionales por tener la primacía o bien a los conflictos que provocaban con el resto de las fuerzas de gobierno.

Por otro lado, desde 1858, liberales y conservadores estaban asociándose en lo que sería llamada la Fusión Liberal-Conservadora, primera coalición electoral de partidos políticos y que se mantuvo estable hasta 1873, pasado ya el Gobierno de J. J. Pérez. Su principal objetivo parecía haber sido complicarle el gobierno a Montt, en una primera lectura, aprovechando su mayoría en el Congreso. Por ejemplo, en esos días el Senado se negó a discutir la Ley de Presupuestos, exigiendo primero la existencia de un ministerio que diera garantías electorales.

En pocas palabras, la fusión correspondió a una sociedad estratégica ejecutada más por el afán de supervivencia y de conquistas electorales que por afinidades ideológicas entre estos adversarios, en otro complicado período que describiremos acá. Recordemos que estos liberales habían surgido de la mutación de un bando pelucón, el del filopolita Vial, separado del Gobierno de Bulnes en 1846, mientras que los conservadores eran el grupo pelucón separado del Gobierno de Montt una década después, por el escándalo de la Cuestión del Sacristán. Esta clase de sociedad entre partidos en apariencia inconciliables entre sí, por cierto, es algo que se ha repetido varias veces en la historia política de Chile, y que aún podemos ver vigente en las alianzas electorales y gubernamentales que aparecieron después del retorno de la democracia en Chile.

Cuando el Presidente Pérez opta por apartar a los nacionales y comenzar a gobernar sólo con la fusión, intenta distender el inminente clima de confrontación dejando atrás las antiguas contiendas heredadas de pelucones contra pipiolos y de conservadores clericales contra conservadores seglares, dictando leyes de amnistía que, a diferencia de las anteriores, favorecían a los que se encontraban desterrados, viviendo en el exilio. El Ministro de Interior y de Relaciones Exteriores fue Tocornal, el mismo fundador del partido conservador y a la sazón uno de sus máximos jefes.

No obstante, el partido nacional se quedó en la oposición tras el desaire del presidente, que algunos estimaron una verdadera traición y otros una medida necesaria para evitar un nuevo conflicto violento. Esto dejó al conglomerado en desventaja frente a las elecciones parlamentarias de 1864, casi a la deriva, ganando la mayoría de los escaños la Fusión Liberal-Conservadora, lo que fue celebrado por el gobierno.

Poco a poco, paladeando las ventajas de su posición mayoritaria en el Legislativo, comenzó a crecer la tentación por apagar a los nacionales y ejecutar venganzas políticas por parte de liberales y conservadores, recurriendo a recursos a veces arteros y sin consulta o aprobación del gobierno. Incluso llegaron al acto de formular una acusación constitucional contra la Corte Suprema en la Cámara, que estaba siendo presidida por el ex Presidente Montt. Para bien de la institucionalidad chilena, ésta fue rechazada por el Senado.

También hubo problemas interiores al gobierno, resistencias entre ambos grupos de la fusión a cederle más terreno al otro, tanto en la distribución de los cargos como en la promulgación de leyes. A pesar de esto, fue imponiéndose el bando liberal, por lo que la administración avanzó hacia esa tendencia. No por nada se ha llamado al período encima como la República Liberal, pues, de la que los conservadores que dominaron el tramo anterior eran ahora sólo unos invitados estratégicos.

Pero un sector de los antiguos liberales y de los jóvenes exaltados de los tiempos de Bulnes, convencidos de que la fusión no iba a ser positiva para la agenda liberal y muy influidos por Matta, los hermanos Gallo y otros caudillos de la epopeya constituyente, se agruparon en un nuevo referente a partir de 1863, dando inicio hacia los últimos días de ese año, a lo que será el partido radical.

Ya retornado a Chile gracias a la amnistía, Gallo presentó los objetivos radicales como los siguientes: fomento a la educación laica, restricciones al poder del Ejecutivo, libertad y amplitud electoral, reforma constitucional y descentralización del poder político-administrativo favoreciendo la autonomía provincial. La Primera Asamblea Radical Electoral fue realizada en Copiapó, la misma ciudad escenario de la revolución constituyente.

Coincidía este período con el del surgimiento de la clase media en Chile, ubicada entre la aristocracia terrateniente y los plebeyos de estratos populares. Gestada por el desarrollo del comercio, el aumento de la instrucción pública y las industrias, esta nueva clase no tardó en sentirse representada por los radicales. Salvo por los acaudalados empresarios mineros Gallo, la mayoría de sus dirigentes eran intelectuales y hombres públicos de clase media y hasta baja.

También fueron capaces de atraer a los sectores anticlericales con su discurso, quizás como nunca antes y posiblemente por el trasfondo sectario que siempre acompañó a los radicales, más allá de las cuestiones ideológicas puntuales, pues es sabido su histórico nexo estrecho con la masonería. Lamentablemente, el tono excesivamente confrontacional de los radicales en contra del clero, a veces perdiendo el foco político, con frecuencia obró en su contra ante la ciudadanía.

No obstante lo anterior, muchos sentimientos anticlericales despertaron después del trágico Incendio de la Compañía de Jesús del 8 de diciembre de ese año 1863, al volcarse las iras por las más de 2 mil muertes del siniestro y acusarse la falta de precaución de los jesuitas. A la sazón, además, la Iglesia no perdía ocasión sirviendo de propaganda para el gobierno, sabiendo que sus aliados conservadores estaban de ese lado.

Por su naturaleza, el partido radical se ubicó en la oposición a Pérez, considerando que sus propuestas liberales eran demasiado tibias y estériles, sin dejar de fustigar la asociación con los conservadores. Numerosas publicaciones en la prensa manifestaban su ideario y reimpulsaron los Clubes de la Reforma, pero su falta de pensamiento estratégico no les permitió anticipar que era sólo cosa de breve espera para que la Fusión Liberal-Conservadora terminara dándole paso a un gobierno auténticamente liberal.

Sucedió también que, en 1865, una ley explicativa de la Constitución Política aclaró que los católicos podían fundar sus propias escuelas y ejercer su culto en lugares privados, lo que redujo el ámbito de la Iglesia como religión oficial del Estado y comenzó a poner fin al hibridismo gubernamental con el conservadurismo.

Ladinamente, sin embargo, después de haber asegurado ya reelección de J. J. Pérez en el mando, los oficialistas promulgaron también la restricción a las reelecciones de presidentes. También derogaron las leyes del Gobierno de Montt destinadas a controlar y reprimir las rebeliones y los brotes de revueltas sediciosas.

Palacio de la Moneda y parte del Ministerio de Guerra y Marina, 1880-1890.

ÚLTIMOS AÑOS DEL GOBIERNO DE J. J. PÉREZ. PLENITUD LIBERAL DEL GOBIERNO DE ERRÁZURIZ ZAÑARTU

Pero no fueron sencillas las cosas durante el segundo período de J. J. Pérez. Si bien la Fusión Liberal-Conservadora se prolongó hasta el final de su gobierno, las diferencias, los dogmas y la falta de entendimiento de las realidades políticas, obraron muchas veces en forma perjudicial.

En el campo diplomático, por ejemplo, el timoneo de los fusionados estuvo lejos de ser positivo. Los contagiados de un americanismo delirante y casi suicida, propiciaron la declaración de guerra contra España en 1865, como dijimos para "solidarizar" con Perú por la toma de las islas Chincha por parte de la flota peninsular, agresión que fue torpemente interpretada como un intento de "reconquista" de América y cuando Lima aún no hacía su propia declaratoria, la que hasta quiso postergar y eludir al ver la dura reacción de los hispanos. También se precipitaron a firmar el Tratado de 1866 con Bolivia, que arrojó el litigio por la posesión del territorio del Desierto de Atacama a una formidable y viciosamente experimental madeja enredada, con el condominio territorial y la repartición de las ganancias, que a la larga resultaron en un tormentoso fracaso.

Paralelamente, la espantosa misión de Lastarria a Buenos Aires para conseguir apoyo argentino a favor del Perú, se inscribió en uno de los dislates más absurdos y desastrosos de toda la historia diplomática chilena, al ofrecer el enviado por su cuenta -y excediendo sus facultades- territorio chileno de Magallanes para que el Presidente Bartolomé Mitre accediera a su petitorio, en plena disputa territorial entre ambas naciones. Aunque Mitre se negó terminantemente a entrar a la alianza y le dio el portazo en la cara, sentó desde allí las nuevas bases del reclamo territorial argentino sobre la región magallánica, del que nunca retrocedió. Lastarria incluso había llegado a la aberración de intentar sabotear la colonia chilena en Magallanes, durante sus funciones legislativas, convencido de que era mejor el sacrificio que la enemistad con la vecina nación.

A diferencia de los radicales, además, los liberales del gobierno habían ido perdiendo su ímpetu y energía, allanándose a políticas de acuerdos y a ceder en parte de sus propósitos a pesar de tener la ventaja. Mientras los primeros sostenían un discurso abiertamente antirreligioso, los liberales preferían guardar las apariencias y optar por la convivencia, tolerando el clericalismo de sus debilitados socios conservadores. Fue inevitable, entonces, que en la oposición los radicales comenzaran a acercarse a los nacionales y levantaran juntos la candidatura de José Tomás Urmeneta, para competir con la de Federico Errázuriz Zañartu que iba por el lado del oficialismo de la fusión, luego que ésta perdiera la oportunidad de llevar a Tocornal, al fallecer súbitamente el ministro.

Errázuriz ganó las elecciones y asumió el 18 de septiembre de 1871, ya sin posibilidad de reelección gracias al cambio de la legislación electoral. Sin embargo, la Fusión Liberal-Conservadora que lo llevó a La Moneda, se encontraba en sus últimos años de existencia, exhausta y aproximándose hacia el final de una sociedad desgastada que ya no era útil a la parte más fuerte.

Las diferencias profundas entre liberales y conservadores, además, ya no permitían seguir prolongado un pacto con el sacrificio de una parte de las agendas de cada uno, especialmente en materias relacionadas con la posición eclesiástica, llamadas cuestiones teológicas en su momento. La Iglesia aún dominaba varios estamentos imponiéndose al pensamiento laico, por lo que liberales y radicales coincidían en pedir a coro que todo lo relativo a la administración pública fuese apartado del clero, para escándalo de los conservadores: separación del Estado, eliminación del fuero eclesiástico, matrimonios laicos, sometimiento de los religiosos a la justicia civil y hasta habilitación de cementerios no religiosos.

El otro gran punto de discrepancias en el seno de la fusión, había sido lo relativo a las políticas de educación. Los conservadores habían resistido la entrada de ramos como las ciencias naturales, por considerarlos enfrentados al creacionismo religioso. Eran, pues, los tiempos en que comenzaba a expandirse el darwinismo. Además, para garantizar la existencia de colegios vinculados a congregaciones religiosas, habían exigido que el Estado no tuviese el monopolio de los títulos, ni impidiera fundar colegios particulares.

Las leyes de libertad educacional decretadas por Errázuriz y promovidas por el secretario de educación don Abdón Cifuentes, intentando calmar a los conservadores, desgraciadamente no llegaron a los resultados esperados: los colegios particulares abusaron de su libertad de tomar exámenes y otorgar títulos, debiendo ser derogadas y costándoles el cargo al ministro.

El descrito bochorno sería lo que detonó la decisión de terminar con la Fusión Liberal-Conservadora y optar por un gobierno armado únicamente de espíritus liberales, consolidando la República Liberal. El conservadurismo, entonces, prácticamente acabó desalojado del poder recibiendo la misma moneda de pago que antes le había tocado a los nacionales, con Pérez. Nacía, a partir de ese momento, la que sería llamada después la Alianza Liberal, consumándose así un largo anhelo del partido liberal, miembros radicales y sus simpatizantes.

A pesar de todo, el avance del liberalismo en el gobierno de Errázuriz a partir de este episodio, fue mesurado y gradual, no cayendo en la tentación de las reformas violentas sin evaluaciones ni adaptación. Se limitaron las atribuciones del Poder Ejecutivo y se ampliaron las del Legislativo; se cambió el sistema de voto de lista completa por el de voto acumulativo, garantizando la representación de las minorías.  El fuero eclesiástico se acabó con el Código Penal y la Ley Orgánica de Tribunales. También se creó el espacio laico o disidente dentro de los cementerios católicos.

En cuanto a la diplomacia, el que Errázuriz haya colocado en el Ministro de Relaciones Exteriores y Colonización a un hábil defensor como Adolfo Ibáñez Gutiérrez, logró contener y revertir años de políticas fallidas y entreguistas por parte de La Moneda, permitiendo salir momentáneamente del caos del Tratado de 1866 con Bolivia gracias a uno nuevo, firmado entre ambas naciones en 1874, y dar una fuerte defensa de los derechos territoriales chilenos frente a las reclamaciones argentinas, como quizás nunca antes se habían planteado, lo que causó gran alboroto y preocupación en Buenos Aires.

Los radicales, por su lado, se sintieron tentados a apoyar al gobierno en esta etapa, pero cuando advirtieron que las reformas electorales no incluían sus exigencias para el Senado y las Municipalidades, regresaron a la oposición, pidiendo modificaciones más profundas a las legislaciones.

Plaza de Armas hacia 1850, con el Portal Tagle al fondo, lado derecho.

CANDIDATURA DE VICUÑA MACKENNA. PRESIDENCIA DE ANÍBAL PINTO Y ESTALLIDO DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

Cuando correspondió presentar a los candidatos presidenciales que debían suceder a Errázuriz, el conservadurismo y el clero estaban en abierta actitud confrontacional y hostil hacia los liberales, escandalizados por el avance de sus propuestas y reformas.

Los liberales, por su lado, estaban indecisos entre dos destacados miembros de sus filas: Miguel Luis Amunátegui y Aníbal Pinto Garmendia, siendo proclamado este último, finalmente, en un grande y novedoso despliegue del partido liberal que hoy llamaríamos lanzamiento de candidatura.

Sin embargo, una nueva colectividad política había surgido en el intertanto: el partido liberal democrático, fundado ese mismo año de 1876 y que levantaba la candidatura de don Benjamín Vicuña Mackenna, liberal de larga trayectoria que había adquirido popularidad por su trabajo intelectual y por su paso por la Intendencia de Santiago, revolucionando el aspecto ornamental de la ciudad y creando, entre muchas otras cosas, el paseo del Cerro Santa Lucía.

Sin embargo, como había sucedido otras veces ya, el partido liberal democrático respondía a ese modelo de conglomerado destinado a existir sólo mientras lo hiciera la personalidad en torno a la cual surgía con una pretensión electoral, en este caso la de Vicuña Mackenna. Así, a pesar de la enorme popularidad del ex intendente, el partido liberal democrático desapareció con la misma rapidez que había nacido.

El triunfador de las presidenciales fue Aníbal Pinto, por representar la continuidad del gobierno. Asumió el 18 de septiembre de 1876. Era un hombre de tradición liberal remontada a su padre, el General Francisco Antonio Pinto, uno de los presidentes pipiolos.

Respondiendo más a la camaradería que a los méritos de su hoja de vida, el mandatario también llamó a Lastarria para ocupar el Ministerio de Interior, con lo que reafirmaba el camino decididamente ideológico que iba a adoptar la Alianza Liberal del gobierno. La leyenda dice que Lastarria incluso hizo retirar con asco un retrato de Portales donde aparecía con la Constitución de 1833 en las manos, al conocer su sala de despacho y ver el cuadro.

Lamentablemente para Pinto, sus propósitos de establecer un camino seguro de reformas liberales se vería frustrado con el agravamiento de la crisis diplomática con Bolivia, por la cuestión de Atacama, y con Argentina, por la Patagonia. No obstante, toda la determinación y la actitud enérgica que muchos quisieron ver en el presidente en sus primer par de años de gobierno, se desvanecieron en una personalidad extraordinariamente débil y casi pusilánime ante el complicadísimo escenario internacional, cerrándose a aceptar la realidad de la situación chilena y dilatando peligrosamente algunas situaciones que requerían de decisión y plena fortaleza.

Coincidentemente, en 1878 se había realizado la Gran Convención Conservadora, destinada a reunir a representantes de todas las provincias para la creación de un nuevo lineamiento y plan de acción del partido conservador, condenado a ser oposición. Entre otros puntos, confirmaron como objetivos la libertad electoral, la libertad de la Iglesia, la descentralización político-administrativa, la eliminación de los internados fiscales, la apertura a la educación secundaria y superior pagada, y la completa libertad educacional. Fue una gran actualización del partido a la realidad de la sociedad de entonces, como puede verse, convirtiendo estos propósitos en su programa de batalla electoral.

Al estallar la Guerra del Pacífico luego de la violación boliviana del Tratado de 1874 y la consecuente ocupación chilena de Antofagasta en febrero de 1879, seguida de la declaración de guerra de La Paz y la puesta en activación de su alianza con Perú, la actividad política quedó prácticamente paralizada y en tregua interna, salvo por algunos cucalones que pretendieron cortar para sí los laureles de los campos de batalla, esperando obtener dividendos para sus intereses mezquinos.

En estos primeros meses de conflicto, se envió a José Manuel Balmaceda como plenipotenciario a Buenos Aires, buscando garantías de no involucramiento de Argentina en el conflicto del Pacífico (el país tenía en espera la entrada a la Alianza con Perú y Bolivia, de hecho), mientras que Lastarria fue enviado a Brasil para conseguir también algún compromiso de neutralidad, a pesar de su pésimo historial en la diplomacia.

En términos generales, sin embargo, la Guerra del Pacífico había sorprendido a Pinto y al gobierno en complicados momentos para la convivencia de los partidos políticos en Chile. Hasta hacía poco, los conflictos realmente estaban escalando entre ellos y casi se sentía el peligro de otro estallido de confrontación material. Afortunadamente para el interés nacional, estos partidos fueron capaces de poner a un lado sus mezquindades y suspender sus disputas, a diferencia de lo que ocurrió en el mismo período con Perú y Bolivia, afectando su estabilidad y su desempeño durante todo el conflicto.

No obstante, al terminar la guerra se volvió a encender fuego en las arenas de la deliberación y de la lucha política en Chile, llegándose a otra trágica pero singular confrontación a muerte entre dos poderes del Estado.

Combate Naval de Iquique, 1879. La Guerra del Pacífico sorprendió al gobierno en complicados momentos para el partidismo.

SANTA MARÍA A LA PRESIDENCIA. LOS FRAUDES ELECTORALES

Tras la ocupación chilena de Lima, en 1881, muchos insensatos e ilusos creían que las guerrillas de montoneras que se habían refugiado en la sierra peruana se irían extinguiendo prácticamente solas, permitiendo llegar a un acuerdo de tregua con el país incásico. Sin embargo, lo cierto es que las batallas se iban a prolongar dos largos años más, antes de cualquier posibilidad de acuerdo.

En este lapso engañoso sobre el curso de la guerra, los liberales levantaron ahora a Domingo Santa María para la continuidad presidencial, al aproximarse el fin del Gobierno de Pinto. Su ascenso a esta posibilidad es objeto de interpretaciones controvertidas, pues se ha propuesto que había sido colocado en el Ministro del Interior de Pinto con una intención especialmente electoral ya en 1879, iniciada la guerra y siendo bajado de esta cartera Antonio Varas, al parecer aprovechando la polémica por la captura del "Rímac" por parte del monitor "Huáscar", por entonces aún al servicio de la Marina de Guerra de Perú.

Los conservadores intentaron hacer frente a la adversidad levantando la candidatura del General Manuel Baquedano, héroe de la Guerra del Pacífico que había retornado recientemente al país, por sus diferencias con los mandos y las interferencias de los políticos en las decisiones militares. Su prestigio era tal que incluso liberales se mostraron tendientes a apoyarlo, por lo que el gobierno decidió jugarse el todo por el todo con Santa María, que contaría con el voto de liberales, radicales y nacionales para aquellas elecciones de votación censitaria.

Sin embargo, Baquedano carecía de ambiciones políticas, bajándose de la candidatura poco antes de las elecciones, por lo que Santa María acabó corriendo solo. Influyó en la formación de tan extraño escenario, además, la denuncia de una intervención electoral, hecha pública por Carlos Walker Martínez y comentada en su obra "Historia de la Administración Santa María" (1888):

Desde Copiapó a Ancud, este primer acto electoral no fue más que una indigna chacota. Se llegó hasta falsificar a los muertos para obligarlos desde su sepulcro a ejercitar el derecho de los vivos en las juntas de los mayores contribuyentes que, por cierto, no eran tantos que permitiesen sin gravísimo escándalo cometer el fraude oficial. Si algún elector tuvo el valor de alzar su protesta contra tan inicuos procedimientos, no faltaron en el acto los testigos, jureros del oficio, mandados ad hoc por la autoridad local para probar que el vivo era el muerto,  el muerto se había convertido en vivo. Hubo departamentos de Putaendo, donde aparecieron eliminados contribuyentes que pagaban más de tres mil pesos anuales, para ser reemplazados por miserables ROTOS, sirvientes del gobernador, o inquilinos modestísimos de siete pesos veinte centavos. Se rodearon de fuerza armada las salas municipales para dejar libertad a los criminales y se abrieron las cárceles para encerrar a los que protestaban del crimen; se escondieron o se falsearon las listas presentadas de antemano por los tesoreros para evitar que pudiesen aparejarse convenientemente y oportunamente las reclamaciones legales que de ellas se desprendían; se hizo lujo, en fin, de todo cuanto abuso puede ocurrirse para llevar adelante el propósito de burlar los derechos del pueblo por medio del fraude, de tal suerte que la campaña se dio en toda la línea con una armonía digna de mejor causa y con un éxito tan completo que no tuvo más que un defecto, el de ser excesivamente bueno.

El victorioso Santa María asumió el mando el 18 de septiembre de 1881. En esencia, el nuevo gobierno sería liberal en sus propósitos, pero se le criticó por algunas actitudes dictatoriales e intervencionismos electorales que estuvieron muy lejos de los principios de aquel ideario.

Alberto Edwards, en "La fronda aristocrática" (1928), ve el debilitamiento irreversible del presidencialismo en este período, que describe de la siguiente manera:

El equilibrio entre el poder presidencial y la influencia de los círculos oligárquicos, se inclinó alternativamente de uno a otro lado, durante la segunda etapa de la República en forma. Estos vaivenes parecían responder más bien al carácter de los mandatarios que a transformaciones reales en el espíritu público: Errázuriz dominó sin contrapeso; con Pinto se estuvo a los bordes de la anarquía parlamentaria; bajo Santa María fue restaurado el absolutismo del poder; pero ya en los postrimerías de su Gobierno, este último Presidente pudo ver acumularse los elementos de una nueva fronda, que iba a producir el derrumbe de la autoridad en provecho de la oligarquía.

En la misma clase de denuncias, el fraude de la elección parlamentaria para el Congreso de 1882 fue tan obsceno, de hecho, que el electorado no logró ni un solo asiento. Aunque era esperable el vicio en un sistema de democracia restringida y voto censitario, nadie fuera de los corrales liberales participó de aquella temporada parlamentaria, para ser más precisos, lo que garantizó a Santa María un poder prácticamente omnímodo.

Un dato curioso es que, en aquellas elecciones, la Sociedad Escuela Republicana, las mutuales y algunos grupos de obreros y artesanos, impulsaron otra vez las llamadas candidaturas obreras, con representantes que hoy estimaríamos más cercanos a la izquierda, aunque por el contexto de época todavía más vinculadas al liberalismo. Empero, como había sucedido también en 1882, no consiguieron ningún puesto, aunque anticiparon la aparición de un primer partido de carácter obrero, del que ya hablaremos.

Don Benjamín Vicuña Mackenna.

MÁS PROBLEMAS CON LA IGLESIA Y NUEVO FRAUDE ELECTORAL

A pesar del clima no resuelto ni terminado de la guerra, hubo intentos de reformas que facilitaron la regulación de las relaciones entre Estado e Iglesia, durante este gobierno. Aunque suene siniestro admitirlo, había facilitado mucho las cosas la muerte del Arzobispo Valdivieso unos meses antes de estallar la conflagración del Norte, proponiéndose por los liberales al Presbítero Francisco de Paula Taforó para asumir el cargo vacante, muy afín a las ideas del gobierno.

Sin embargo, como el propuesto no contaba con las simpatías de conservadores y clérigos, estos llevaron su protesta a la Santa Sede, deteniendo el nombramiento y obligando a la intervención vaticana a través del enviado en calidad de Delegado Apostólico, Monseñor Celestino del Frate. De carácter adusto y muy poco conciliador, Del Frate se negó a reconocer el sometimiento de la Iglesia al patronato del Estado y solicitó a la Santa Sede no cursar el nombramiento, por lo que el Gobierno de Santa María reaccionó cancelándole las credenciales y, al verse sin pasaporte, no le quedó más remedio que abandonar el país y regresar al Vaticano. Las relaciones de Chile con la Santa Sede quedaron instantáneamente rotas.

Cortados así los modales entre el Estado y la curia católica, casi como represalia, Santa María ordenó dar curso a los proyectos liberales de carácter más ideológico y que habían incomodado siempre a la Iglesia, por interferir directamente en las cuestiones teológicas. Favoreció esta intención la composición totalmente liberal del Congreso Nacional, gracias al ya comentado fraude de la última elección.

Así, para 1884, año en que concluyeron las hostilidades de la Guerra del Pacífico, en que también falleció Pinto y ya habían retornado las fuerzas chilenas desde Lima, ya estaban aprobadas la construcción de los cementerios laicos, la prohibición de enterramientos en templos, la institución del matrimonio civil, la creación del registro civil para reemplazo del archivo bautismal, la ley de garantías individuales, las limitaciones al poder del Ejecutivo y la ampliación orientada hacia el sufragio universal, entre otras medidas.

No hubo acuerdo entre los parlamentarios, sin embargo, en cuanto a separar definitivamente la Iglesia del Estado, preservándose sólo el patronato de este último sobre la primera.

A pesar de todo, Santa María no logró retener en el oficialismo a grupos liberales sueltos, conocidos como luminarias o disidentes, llamados así porque rompieron con el gobierno enfurecidos por los comportamientos dictatoriales y despóticos del mismo. Lastarria, dando oportunidad a otro de sus pocos aciertos en su vida política, también se pasó a este bando disidente.

Santa María también acabó enemistándose más con los radicales, que abandonaron el gobierno en su mayor parte. Además, su distancia con los conservadores se profundizó peligrosamente con el muy poco disimulado fraude electoral propiciado por el gobierno para las elecciones parlamentarias de 1885. Fue tan evidente otra vez, que sólo cinco parlamentarios conservadores pudieron obtener escaños, mientras que todo el resto del Congreso era liberal.

Era tal el afán de intervenir el proceso y de impedir que la oposición detuviera estas metidas de manos, que el gobierno hizo retirar cajas de papeletas con sufragios y contrató a matones armados de porras y macanas, llamados por lo mismo garroteros, que protagonizaron varias escaramuzas en aquella jornada con los denunciantes. Se cuenta que la filtración de un telegrama de Balmaceda alentando una de estas intervenciones electorales, de hecho, fue lo que le costó la renuncia al Ministerio de Interior, ese mismo año.

Sin embargo, careciendo de más candidatos ante la creciente oposición, liberales y los pocos radicales que quedaron en el gobierno, decidieron apostar al mismo Balmaceda para las presidenciales que se venían. En esos momentos, los radicales disidentes y los liberales sueltos estudiaban proponer como candidato a José Francisco Vergara, mientras que los nacionales ya se definían por Francisco Aldunate, pero no pudieron ponerse de acuerdo en la convención realizada con el propósito de levantar un nombre único para los opositores. En este escenario, los nacionales se reclutaron también del lado de Balmaceda.

En un último y desesperado intento por frenar la continuidad del gobierno, los pocos parlamentarios opositores de la Cámara pusieron a prueba sus dotes de oradores y sus liderazgos, intentando frenar el despacho de la ley de contribuciones, que era fundamental para el Ejecutivo. Empero, cuando el Presidente de la Cámara don Pedro Montt ordenó concluir las largas discusiones y proceder a la votación, se impuso la mayoría liberal y así quedó asegurado el gabinete y la candidatura de Balmaceda, en medio de un clima coronado por los oscuros nubarrones del conflicto, que iban a llegar a su más cruento desenlace unos años después, aunque el aparente clima de prosperidad y de expectación no permitía presagiarlo en ese momento.

Es probable que Balmaceda no haya sido el favorito de Santa María para elegirlo como sucesor, pero las circunstancias históricas lo obligaron a ceder y a depositar en él la continuidad del oficialismo. Haría el resto el intervencionismo y la manipulación electoral, tradicionales herramientas usadas por los políticos chilenos del siglo XIX y que reflejaban ya entonces la desolación de las capacidades éticas de los grupos de poder y de la competencia salvaje por conquistarlo.

Aunque tampoco lo sabían aún, el triunfo de Balmaceda en las urnas apoyado por liberales, nacionales y algunos radicales, y facilitado por la renuncia de Vergara a su candidatura, iba a marcar el final de la República Liberal y a sepultar el dominio del partido liberal en la política chilena.

José Manuel Balmaceda.

EL GOBIERNO DE BALMACEDA.  ALEJAMIENTO DE LOS LIBERALES Y SURGIMIENTO DEL BALMACEDISMO

Balmaceda asumió el 18 de septiembre de 1886, pero en muchos aspectos, ya no era el mismo que hacía unos años. Con mentalidad de hombre de progreso y patriotismo, el ex integrante de los Clubes de la Reforma y promotor de importantes leyes secularizadoras, venía armado ahora de una dosis de realismo categórico conviviendo con su lado de idealismo más poético y romático.

Profundizando en el pensamiento del mandatario, su paso como plenipotenciario en Buenos Aires -constatando allá la agresividad del nacionalismo argentino de entonces- y como Canciller de Santa María antes de ocupar la cartera de Interior, habían averiado mucho de los sentimientos americanistas que siempre lo habían animado en su actuar en sus tiempos de parlamentario y que provenían, en gran medida, de la influencia del círculo intelectual y liberal que rodeada a su suegra, doña Emilia Herrera de Toro, influyente y aristocrática mujer de aquellos años en cuya hacienda se hacían grandes reuniones de políticos y escritores convencidos de que Chile debía asegurarse un acercamiento fraterno con Argentina, incluso renunciando a sus derechos territoriales en disputa.

Balmaceda también estaba decidido a sentar las bases del desarrollo nacional mejorando la infraestructura, por lo que su gobierno se caracterizó por la impronta dejada en las obras públicas, desde la Canalización del Río Mapocho hasta la construcción del Viaducto del Malleco, en su momento el puente ferroviario más alto del mundo. También dio curso a la parte más importante de la profesionalización del Ejército bajo el modelo prusiano, en vista de las necesidades de suplir muchos problemas estructurales de la institución que quedaron en relieve durante la guerra, y de deshacerse también de los elementos de la doctrina franco-legionaria que ahora eran vistos con resquemor, luego de las manifiestas inclinaciones de Francia a favor de los aliados.

Muchos se disputan hoy el origen de sus medidas y obras más aplaudidas: desde socialistas, que ven en Balmaceda a un antecedente de las políticas de bien social común, hasta nacionalistas, que consideran al mandatario como un caso ideal de políticas en favor del interés nacional y de inspiración patriótica. Y dice el historiador y académico comunista Hernán Ramírez Necochea en su consultada, alabada y discutida obra "Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891" (1958):

La actuación política de Balmaceda demuestra que él fue un convencido liberal; así quedó en evidencia mientras fue parlamentario, Ministro de Estado y Presidente de la República; de alta significación fue, en relación con esto, el papel que desempeñó al impulsar y defender las leyes civiles dictadas cuando fue Ministro de Interior de la Administración Santa María.

Es cierto que llegó a la Primera Magistratura a través de la intervención electoral. Pero, ¿no fue éste el medio por el cual llegaron a sus cargos todos los presidentes de Chile durante el siglo pasado? Y no sólo los presidentes, sino también la casi totalidad de los diputados y senadores. La norma política y las prácticas vigentes hicieron que éste fuera el camino regular para ocupar las magistraturas electivas. Este hecho no amengua, por tato, la condición de político sinceramente liberal que poseyó Balmaceda.

Sin embargo, bajo el Palacio de la Moneda, estaba sembrada ya la bomba de tiempo, que iba a sacrificar la institucionalidad.

Por más que Balmaceda se esforzó en reunir los elementos fracturados del partido liberal para unificarlos otra vez en un conglomerado sólido y fuerte, para así concentrar la oposición sólo en los conservadores, sus propósitos fracasaron estrepitosamente en este campo. Como muchos de los liberales fueron rompiendo por el gobierno, los leales al presidente se agruparon en un nuevo referente llamado balmacedismo, que si bien nace en el comentado esquema de los movimientos y partidos de apellidos o patronímicos, unos años después se convertiría en el partido liberal democrático.

Muchos amigos personales de Balmaceda formaron parte de este colectivo más parecido a una cofradía política, participando incluso de los cargos ministeriales y secretariales que el mandatario fue llenando con ellos en los últimos meses, antes de caer ya completamente acorralado por el enfrentamiento.

Para tratar de equilibrar fuerzas y estabilizar el gobierno, hacia su último año de gobierno Balmaceda nombró en reemplazado de Mariano Sánchez Fontecilla a Ibáñez Gutiérrez, en el Ministerio de Interior, durando brevemente en él, entre enero y mayo de 1890. Sin embargo, en el Ministerio de Guerra y Marina puso al General José Velásquez, designación que se interpretó como un intento de politizar al Ejército. Cuando terminó el mes de mayo, además, Ibáñez fue reemplazado en Interior por Enrique Salvador Sanfuentes, medida que iba a tener una fracasada intención electoral para las presidenciales, como veremos.

A pesar de la inestabilidad del gabinete, los miembros del informal grupo balmacedista fueron leales hasta las últimas consecuencias con el presidente, cayendo con él cuando ya no les quedó más salida a la vista que pagar duramente su fidelidad al gobierno. Sin embargo, a partir de 1892 pudieron extender su vida del grupo y el legado de Balmaceda más allá de la muerte del mandatario, haciéndolo formalmente en el mencionado partido liberal democrático, que nada tenía que ver con el anterior y del mismo nombre que había nacido para levantar la candidatura de Vicuña Mackenna.

La crisis ya se hacía insostenible en el peor momento esperable: cuando se acercaba la renovación del Congreso Nacional. Al respecto, muchos autores como Ramírez Necochea, han insistido en que la revolución que se venía era sólo una reacción de la oligarquía y del imperialismo internacional contra las medidas de protección que Balmaceda trazaba, por ejemplo, para el salitre chileno, teoría puesta en ciertas dudas por autores posteriores como Gabriel Salazar, por considerarlas demasiado reduccionistas y dudar del carácter revolucionario de su gobierno.

El ardor y el quiebre político parece estar muy relacionado también con la mala decisión de Balmaceda, de echar mano a la intervención electoral para asegurarse un Congreso afín al gobierno en las elecciones de 1888, recurso cuestionable que, sin embargo, hemos visto estuvo presente -en mayor o menor medida- en muchos de los gobiernos de la República ya consolidada.

Desde muchos puntos de vista entre los críticos de Balmaceda, el alejamiento de los liberales históricos del gobierno, se debió precisamente a que la actuación del Ejecutivo se había apartado de los principios que estos habían sostenido, como las limitaciones al poder presidencial y el rechazo a los regímenes dictatoriales. De esta manera, los liberales fraccionados y contrarios al balmacedismo, nuevamente priorizando un pensamiento estratégico, buscaron alianza en el partido conservador.

La tormenta se aproximaba, para dejar una mancha roja imborrable en el calendario de efemérides nacionales.

Los cañones del Palacio de la Moneda (Revista "En Viaje", 1964).

EL PARTIDO DEMÓCRATA: UN ANTECEDENTE DEL PARTIDISMO OBRERO

Casi al mismo tiempo en que todo este caos se precipitaba con su sombra de muerte y enfrentamiento sobre el Congreso Nacional y el Palacio de la Moneda, vería la luz y comenzaría a consolidarse en la sociedad el primer partido obrero de nuestra historia política.

Sectores que habían formado parte de la Sociedad de la Igualdad ya desprendidos del partido liberal y del partido radical, además de miembros de colectivos obreros, formaron lo que se conocería como el partido demócrata o democrático. No era lo mismo que aquella sociedad ni su continuidad, sin duda, pero sí recogía mucho de la semilla que había sembrado Bilbao en su momento.

Presidido por Antonio Poupin, el partido demócrata sería el canal representativo de trabajadores y campesinos a partir de 1887, de la misma manera que el partido radical lo era de la clase media. Hasta entonces, las clases más modestas sólo tenían como opción suscribirse al mal menor de sus intereses o bien depositar sus esperanzas en las candidaturas obreras, más simbólicas que realistas. Esta alternativa era toda una novedad y una dedicatoria para ellos.

Parte de la motivación de los miembros del partido para dar marcha a sus programas, se debía a la caída del cambio, que en esos momentos afectaba el poder adquisitivo de la moneda castigando especialmente a los más modestos; y también a la masiva llegada y contratación de obreros extranjeros especializados, que comenzaron a desplazar a los trabajadores nacionales. De esta forma, pudieron convocar exitosamente a su primera gran Convención Demócrata en 1889, contando con personalidades en sus filas como su cofundador don Malaquías Concha Ortiz, su futuro primer diputado Ángel Guarello, y después al muy joven Luis Emilio Recabarren, futuro fundador del Partido Socialista Obrero y después del Partido Comunista de Chile. En la ocasión, presentaron también su Declaración de Principios y su Programa de Acción.

Es preciso comprender que en una sociedad inculta y muy ajena a las meditaciones sobre sus derechos, como eran los chilenos más modestos e iletrados de los tiempos de agitación de Bilbao, el ideario igualitario encontraba más acogida entre intelectuales y novicios políticos que entre los verdaderos grupos a los que se dirigía tal discurso, fenómeno que también se ha repetido en nuestra época, con ciertos niveles de organización que toman para sí banderas de representación izquierdista o sindical no siempre bien cimentadas en las clases o "bases" cuyos intereses aseguran hacer suyos. Sin embargo, con el avance de la educación y la propaganda política en los tiempos de regímenes conservadores y liberales, se habían ido cultivando paulatinamente en estos estratos sociales un fundamento para conciencia de clases que representaba este flamante partido obrero.

El concepto de la conciencia de clases estaba en pleno desarrollo en el Chile en esos años, a pesar de que ciertos grupos políticos más actuales han tratado de apropiárselo como capital histórico propio, proponiéndolo como un germen suyo depositado generosamente y en tiempos muy posteriores. También fueron parte de los postulados del partido demócrata la igualdad de hombres y mujeres, el voto universal, la previsión para los vulnerables (niños huérfanos, ancianos, enfermos, inválidos, etc.), el fomento a la propiedad del inquilino y muchas otras banderas de este proyecto social-libertario y laborista que serían tomadas también por movimientos muy posteriores.

Sin embargo, entre los errores estratégicos del partido demócrata, estuvo el haber radicalizado su discurso exigiendo que los destinos del país fueran dirigidos por las clases más bajas, todavía atrasadas en la instrucción y en la propia alfabetización, prédica que alarmó y alejó al grupo de la posibilidad de obtener mejores apoyos entre muchos elementos que, sin proceder de dichas clases, podían solidarizar o sentirse representados por su causa.

León Echaíz recuerda y supuesto episodio sucedido en los primeros años de este partido y que revelaba su carácter turbulento originario:

Estalló en el país una de las huelgas obreras de mayor consideración y, como era natural, se culpó al partido demócrata de haberla promovido.

El ministro de Interior hace llamar a su despacho al jefe del partido y lo increpa duramente:

- Si no cesa la huelga de inmediato, lo hago fusilar en la plaza pública.

El jefe demócrata protesta consternado:

- Pero sería inconstitucional, señor ministro.

- Pues -responde el ministro- lo hago fusilar inconstitucionalmente.

Por su naturaleza liberal, sin embargo, otro problema que afectaría permanentemente a esta colectividad, produciendo movimientos internos y rupturas, fue la convivencia de sus corrientes intestinas de izquierdas y centroizquierda con otras que podríamos identificar más bien con la centroderecha, relación que no siempre fue muy armónica.

De todos modos, durante el conflicto que iba a desembocar en la Guerra Civil, el partido demócrata estuvo más bien del lado del Presidente Balmaceda, sin renunciar a su agenda a favor de las clases obreras. Varios otros grupos políticos, partidos e intentos de partidos se inspiraron de alguna forma en los principios establecidos por este conglomerado, como el Centro Social Obrero, la Agrupación Fraternal Obrera, el Partido Obrero Francisco Bilbao y el Partido Obrero Socialista, en tránsito ya hacia la izquierda de orientación anarquista y marxista adoptada para el siglo XX.

Ilustración de los fusilamientos de la trágica Masacre de Lo Cañas, basado en el óleo de Enrique Lynch. Fue uno de los hechos más dantescos de la sangrienta Guerra Civil de 1891.

LA GUERRA CIVIL DE 1991 Y EL FIN DE LA REPÚBLICA LIBERAL

Habría resultado imposible para el gobierno de Balmaceda poder avanzar o quizás mantenerse en el mando siquiera, con una mayoría opositora en el Legislativo. Sin embargo, con intervención y todo, las fracciones quedaron bastante equilibradas para con respecto a lo que algunos autores estimaban sus proporciones reales: 15 escaños para la oposición de los 115 que tenía la Cámara de Diputados, algo favorable al gobierno.

Empero, en poco tiempo y como resultado de la crisis política, muchos de estos parlamentarios elegidos al alero liberal de Balmaceda, fueron volcándose contra el gobierno y reclutándose en la oposición, dejando al Ejecutivo cada vez más solo y cercado, hasta el punto de quedarle muy poca identidad liberal en su último año. Para 1890, la crisis de gabinete se había vuelto crónica, contándose ya 15 ministerios caídos.

En nada contribuyó a la paz la llegada de la hora de elegir sucesor, al aproximarse ya las elecciones presidenciales. Vimos Balmaceda tenía por favorito a su ministro Salvador Sanfuentes, con el sectario y reducido apoyo de los liberales balmacedistas, pues los demás partidos lo rechazaron al unísono, aumentando la distancia de ellos con el gobierno.

Formada ya la monolítica oposición en el Congreso por los liberales contrarios al gobierno y los conservadores unidos en su interés de hacer caer al régimen, echaron mano a otro recurso muy recurrido en la política sucia: sabotear al gobierno financieramente. Así, cuando llegó la hora de las votaciones, los parlamentarios se negaron a autorizar el cobro de contribuciones. En respuesta, sin consultar al Congreso, el Presidente Balmaceda ordenó que regirían para ese período los mismos montos de la Ley de Presupuestos del año anterior. Su decreto de marras establecía:

Que el congreso no ha despachado oportunamente la ley de presupuestos para el presente año;

Que no es posible, que mientras se promulga dicha ley, suspender lo servicios públicos y la seguridad exterior de la república, decreto:

Mientras se dicta la ley de presupuestos para el presente año de 1891, regirán los que fueron aprobados para el año 1890 por la ley del 31 de diciembre de 1889.

El primer día de 1891, entonces, el Congreso reaccionó furioso declarando que, al saltarse de manera evidente los principios y obligaciones constitucionales,  el presidente quedaba "absolutamente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su cargo", conminándolo a cesar de inmediato su cargo. Al mismo tiempo, exigieron que asumiera en su reemplazado el Capitán de Navío Jorge Montt Álvarez, y no "Ministros del Despacho y los consejeros de Estado que han sido sus cómplices en los atentados contra el orden constitucional".

En tanto, la pequeña fracción liberal que aún formaba parte del gobierno, proclamó en Santiago a don Claudio Vicuña como su candidato presidencial, no obstante que ya era demasiado tarde para corregir algo con este gesto.

No corresponde abordar acá los infaustos detalles de la Guerra Civil de 1891, más allá de referirlos dentro del hito histórico que tuvo, a partir de ese momento, el desarrollo del partidismo político chileno con el sangriento fin de la República Liberal y el inicio de la República Parlamentaria.

Para sintetizar, entonces, los parlamentarios Waldo Silva y Ramón Barros Luco, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente, dieron inicio a la asonada revolucionaria de 1891 en el Norte Grande de Chile, con el apoyo de la Armada de Chile y dirección del Capitán Montt Álvarez. Entre los tres formaron la Junta Revolucionaria de Iquique. El odio fraticida fue el ardiente impulso que pareció dominar todo el conflicto, a partir de ese momento: los fusilamientos, los combates seguidos de ejecuciones y matanzas como la cruel Masacre de Lo Cañas, ahogaron en sangre los últimos vestigios de humanidad que quedaban en la política. Y aunque la mayor parte de la Armada se cuadró con la Junta y el Ejército con Balmaceda, hubo también cruces y situaciones sumamente curiosas durante la lid, como el cambio de bando de escuadrones militares que, para identificarse con los rebelados, se colocaron sus chaquetones del uniforme volteados, al parecer dando origen a la expresión "darse vuelta la chaqueta" referida a la traición o a la deslealtad con una trinchera al más puro estilo Benedict Arnold en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Así, tras la sangrienta guerra civil entre el Congreso y el Ejecutivo decidida en la Batalla de Placilla a favor de los alzados, un destruido y derrumbado Balmaceda entregó el mando el 29 de agosto de 1891 al conciliador General Baquedano, quien a su vez lo traspasó a la Junta de Gobierno dirigida por Montt Álvarez dos días después.

Refugiado en la Legación de Argentina en Chile gracias su amistad y relación cercana con el embajador José Evaristo Uriburu, el derrocado presidente permaneció hasta el mismo día en que habría terminado oficialmente su mando, suicidándose de un tiro el día 19 de septiembre, no sin antes dejar su célebre documento conocido como su Testamento Político, considerado uno de los más elocuentes y dramáticos testimonios de la historia del pensamiento político en Chile. Decía a los sobrevivientes y a hombres del mañana, en este visionario manifiesto para la posteridad y luego de describir detalles del conflicto que acababa de cerrarse en su contra:

El Gobierno de la Junta Revolucionaria es de hecho, y no constitucional, ni legal. No recibió, al iniciarse el movimiento armado, mandato regular y del pueblo; obró en servicio de la mayoría del Poder Legislativo, que se convertía también en Ejecutivo; y aumentó la Escuadra, y formó ejército, y percibió y gastó los fondos públicos, sin leyes que fijaran las fuerzas de Mar y Tierra, ni que autorizaran el percibo del impuesto y su inversión; destituyó y nombró empleados públicos, inclusos los del Poder Judicial; y últimamente ha declarado en funciones a los Jueces y Ministros de Tribunal que, por ley dictada con aprobación del Congreso de Abril, estaban cesantes, y ha suspendido y eliminado a todo el Poder Judicial en ejercicio. Ha convocado, al fin, por acto propio a elecciones de nuevo Congreso, de municipios y de Presidente de la República.

Estos son los hechos. Entre tanto, el Gobierno que yo presidía era regular y legal, y si hubo de emplear medidas extraordinarias por la contienda armada a que fue arrastrado, será, sin duda, menos responsable por esto que los iniciadores del movimiento del 7 de enero, que emprendieron el camino franco y abierto de la Revolución.

Si el Poder Judicial que hoy funciona es digno de este nombre, no podría hacer responsables a los miembros del Gobierno constituido por los actos extraordinarios que ejecutara compelido por las circunstancias, sin establecer la misma y aún mayor responsabilidad por los directores de la Revolución.

Tampoco en nombre de la Justicia Política, se podría, sin grave error, hacer responsables de ilegalidad a los miembros del Gobierno, en la contienda civil, porque todos los actos de la Revolución, aunque hayan tenido el éxito de las armas y constituido un Gobierno de hecho, no han sido arreglados a la Constitución y a las leyes.

Si se rompe la igualdad de la justicia en la aplicación de las leyes chilenas, ya que se pretende aplicarlas únicamente a los vencidos, se habrá constituido la dictadura política y judicial más tremenda, porque sólo imperará como ley suprema la que proceda de la voluntad del vencedor. Se ha ordenado por la Junta de Gobierno que la justicia ordinaria, o sea, la que ha declarado en ejercicio por haber sido partidaria de la Revolución, procese, juzgue y condene como reos de delitos comunes a todos los funcionarios de todos los órdenes de la Administración que tuve el honor de presidir, por los actos ejecutados desde 1° de enero último. Se pretende, por este medio, confiscarles en masa todos sus bienes, haciéndolos responsables como reos ordinarios de los gastos de los servicios públicos; y por los actos de guerra, de disciplina, o de juzgamiento según la Ordenanza Militar, culpables de violencias personales o de simples asesinatos.

Y después, concluyendo sus últimas reflexiones de vida con todo de despedida, escribiría:

Estoy fatalmente entregado a la arbitrariedad o la benevolencia de mis enemigos, ya que no imperan la Constitución y las leyes. Pero Uds., saben que soy incapaz de implorar favor, ni siquiera benevolencia de hombres a quienes desestimo por sus ambiciones y falta de civismo.

Tal es la situación del momento en que escribo.

Mi vida pública, ha concluido. Debo, por lo mismo a mis amigos y a mis conciudadanos la palabra íntima de mi experiencia y de mi convencimiento político.

Mientras subsista en Chile el Gobierno parlamentario en el modo y forma en que se le ha querido practicar y tal como lo sostiene la Revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante en los partidos, ni paz entre los círculos del Congreso. El triunfo y sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea; pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones, las amarguras y los quebrantos morales para el Jefe del Estado.

Sólo en la organización del Gobierno popular representativo con poderes independientes y responsables y medios fáciles y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habrá partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad de los pueblos y armonía y respeto entre los poderes fundamentales del Estado.

El régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla, pero esta victoria no prevalecerá. O el estudio, el convencimiento y el patriotismo abren camino razonable y tranquilo a la reforma y la organización del gobierno representativo, o nuevos disturbios y dolorosas perturbaciones habrán de producirse entre los mismos que han hecho la Revolución unidos y que mantienen la unión para el afianzamiento del triunfo, pero que al fin concluirán por dividirse y por chocarse. Estas eventualidades están, más que en la índole y en el espíritu de los hombres, en la naturaleza de los principios que hoy triunfan y en la fuerza de las cosas.

Este es el destino de Chile y ojalá que las crueles experiencias del pasado y los sacrificios del presente, induzcan a la adopción de las reformas que hagan fructuosa la organización del nuevo Gobierno, seria y estable la constitución de los partidos políticos, libre e independiente la vida y el funcionamiento de los poderes públicos y sosegada y activa la elaboración común del progreso de la República.

No hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni del porvenir. Si nuestra bandera, encarnación del Gobierno del pueblo verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempo no lejano, y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros, flameará un día para honra de las instituciones chilenas para dicha de mi patria, a la cual he amado sobre todas las cosas de la vida.

Cuando Uds., y los amigos me recuerden, crean que mi espíritu, con todos sus más delicados afectos, estará en medio de Uds.

J. M. Balmaceda

Con esta trágica guerra, entonces, concluida casi exactas cuatro décadas después de la rebelión de 1851, terminaba un importante período de la historia política de la República de Chile, para darle inicio a otro muy diferente, que se prolongaría por 34 años más, correspondiente a la República Parlamentaria.