BOLIVIA Y EL MAR DE LOS MITOS: LOS PROTOCOLOS DE 1895-1896

 

Fragmento del plano de 1793 de don Andrés Baleato, hecho a instancias del Virrey del Perú, y donde se observa al Desierto de Atacama como territorio de Chile. La posesión de Atacama fue la simiente de la disputa territorial Chile-Bolivia, la posterior Guerra del Pacífico y, por supuesto, la tensión diplomática que hasta ahora se sostiene.

Nota: artículo del año 2011, no actualizado.

La tentación autodestructiva de los mandatarios bolivianos por arrojar al mar (al mismo que aspiran) todas las negociaciones que se han tratado de llevar con Chile desde la Guerra del Pacífico en adelante, aparentemente acaba de cobrarse otra cuota con la reciente decisión del Presidente Evo Morales de desahuciar tácitamente las conversaciones que se veían sosteniendo desde el gobierno anterior para optar por una delirante apuesta internacional, alineándose con las influencias estratégicas del vecindario: por un lado, la seducción connatural de participar en las pretensiones de Perú sobre las aguas oceánicas de Arica, y por otro, con la toma de posiciones de los países atlánticos del eje izquierdista liderado por Venezuela.

Así pues, por legítimo que sea el nuevo lineamiento decidido por La Paz para su propio destino, el hecho probable es que ahora habrá de partir a la Corte Internacional de La Haya a exigir la tácita caducidad del Tratado de 1904 y la restauración del estatus territorial que ambos países tenían en la ambigüedad de los tratados anteriores que sólo sirvieron para ser simientes de perpetuidad a los efectos de la conflagración del salitre.

En un cálculo frío y racional, la determinación de Morales es diplomáticamente un disparate y un absurdo hasta para el más obtuso y menos versado de los hombres que conozcan las aguas de la diplomacia. No obstante, el afán de la Corte Internacional de Justicia por erigirse como la sala magna del mundo puede jugarles muy a favor, y lo sabemos.

Desde el país altiplánico todo parte de la obsesión y los laureles caudillistas que, desgraciadamente, le han metido en la cabeza dos asesores jurídicos altiplánicos cuyos nombres son casi desconocidos acá en Chile: los hermanos Víctor Hugo y Wilfredo Chávez Serrano, quienes venía insistiendo en su tesis a los distintos mandatarios bolivianos desde los tiempos del Presidente Carlos Mesa, sin que los tomara en serio. No son los primeros ni los últimos, pero parecen estar en el punto decisivo de lo que ha sucedido.

De ahí el espectacular giro de Morales con respecto a lo que habían sido sus declaraciones horas antes de anunciar la decisión de golpear las puertas del tribunal internacional, pues todo indica que cayó en la hipnosis de las cobras sólo en estos días de marzo recientemente pasados, cuando hizo público su plan y declaró haber sido engañado por el Chile en estos cinco años de negociación a “agenda abierta”. Posteriormente, avisó de agregar el tópico del río Silala a la misma cuestión.

Habría que tener una candidez extraterrestre para creer que La Haya se allanaría a anular un tratado limítrofe desatando una escalada de posibles reclamaciones internacionales solicitando lo mismo; pero el escenario que se ha procurado en este caso es el mismo que reinó en todo el siglo XX y sí tiene chance para el internacionalismo invasivo de estos estamentos. O sea, el discurso boliviano del encierro secular, de la virtual sofocación por la carencia de costas propias y, por sobre todo, acusar una negativa constante de parte de Chile a resolver el tema de una cesión de “salida al mar” a pesar de las veces que ha tratado el tema, eufemismo que, en realidad, debiese ser un “acceso al mar”. El líder cocalero se arrojó de lleno a esta nueva-vieja retórica, en sólo cosa de un amanecer a otro.

Así pues, se describe un estado de enclaustramiento en la que se señala a Chile no sólo como el responsable originario sino que, además, el decidido a mantener y hacer perdurar semejante encierro por la vía de la negativa a negociar y del incumplimiento de acuerdos con esa inclinación o posibilidad. “Quieren hacer perder otros 132 años más”, ha dicho Morales en una de sus varias declaraciones histriónicas y altisonantes, dadas como metralleta en los escasos días transcurridos desde que anunció su marcha hacia La Haya.

Al mismo tiempo, el mandatario ordenó a su equipo de militares y estrategas revisar todos los tratados limítrofes con Chile para ver si queda por ahí algo que estrujarle al tubo dentífrico. “Yo no soy experto, ni historiador, pero la necesidad nos obliga a revisar documentos desde la invasión europea, por eso sería un buen aporte para el pueblo boliviano”, dijo también con vehemencia.

Por su parte, su nuevo diablillo en el hombro, don Víctor Hugo Chávez, agregó de su cosecha a otro medio boliviano:

…debemos lamentar que Chile, como antes y ahora, quiere ignorar el diferendo que tiene con nosotros, quiere hacer ver a la comunidad internacional que no existe problema alguno, pero que ellos, en un espíritu de generosidad, quieren ayudar a nuestro país, cuando en realidad nos despojaron de territorio y acceso al mar.

Empero, contraria a la verdad boliviana están los hechos: sus interpretaciones serán discutibles, quizás, pero son hechos únicos y sólidos; por lo tanto, también incómodos y molestos, de modo que sólo el negacionismo diplomático puede zafarles de su presencia en la construcción de un escenario jurídicamente favorable, tal como aquí sucede.

Y estos hechos señalan que las negociaciones para la mentada “salida al mar” se han producido entre Chile y Bolivia en al menos cinco oportunidades:

1. Los Protocolos cesión territorial de 1895-1896.
2. Las negociaciones de un corredor al mar entre 1948-1950.
3. Los famosos Acuerdos de Charaña de 1975 a 1977.
4. Las conversaciones de Montevideo de 1985.
5. Las negociaciones “gas-por mar” del año 2000 que casi establecieron un comodato gasífero para ese país en territorio costero chileno.

O debiésemos decir que serían casi seis oportunidades, más bien, si Morales hubiese permitido que avanzara sólo un poco más la que actualmente se sostenía y que ahora anda por el limbo.

Pero como en todas las ocasiones anteriores, fue La Paz la que les puso abrupto final o al menos aseguró la frustración de la misma. Así como suena: lo más sorprendente de todo es que ha sido la propia Bolivia la que ha hecho fracasar todas estas negociaciones, ora por conflictos políticos internos, ora por la eterna rivalidad entre “practicistas” y “reivindicacionistas”, ora por acercamientos estratégicos con Perú. Que a Chile le haya convenido estratégicamente este retiro, a la larga y en todos los casos, es otro cuento.

De hecho, tan errada está la estrategia ideada (aunque Morales aún no admita la mano detrás de estas decisiones y de parte de la línea que finalmente, llevará a La Haya), que en la misma queda confirmada la existencia de estos anteriores intentos por resolver las aspiraciones marítimas de Bolivia y cómo ha sido su país el que las descartó.

La parte basada en esta ingenua estrategia de los Chávez y del Vicepresidente Álvaro García Linera (verdadera voluntad del Poder Ejecutivo de Bolivia, según muchas opiniones), por ejemplo, parece realmente impresentable, por lo que no es de extrañarse que evolucione a otro enfoque de aquí a algún tiempo más, como la de sostener un compromiso pendiente de Chile por darle mar a Bolivia pero a partir de los intentos de acuerdo posteriores, probablemente enfatizando aquellos en territorio ajeno al Tratado de 1904 (los ex territorios peruanos).

Logotipo del grupo GAC-Pumas de la Fuerza Aérea de Bolivia.

Vamos viendo…

El primer intento de negociación entre ambos países a propósito de este tema, viene a tener lugar con el Presidente Jorge Montt y el Canciller Luis Barros Borgoño, cuando se firman con el plenipotenciario boliviano Heriberto Gutiérrez, el 18 de mayo de 1895, tres acuerdos o convenios protocolares: uno de paz, otro de comercio y el tercero de transferencia de territorios de Arica y/o Tacna, que a la sazón se encontraban bajo soberanía chilena tras el Tratado de Ancón con Perú. Esto es un tema de vital importancia para el punto central de argumentación propuesto para la potencial aventura boliviana ante La Haya, como veremos, en su trabajo anunciado ya desde el año 2001 (vuelto a presentar en 2004 y ahora en 2011, al fin con efectos) y que circula por allí en formatos digitales.

En el mencionado protocolo, Bolivia reconocía la soberanía absoluta de Chile desde el Loa hacia el Sur (sobre los territorios atacameños que antes se habían disputado) y devolvía la atención del Altiplano sobre esos puertos otrora peruanos, pero que siempre habían sido de su interés incluso en tiempos coloniales, cuando se le concedieron ciertas facilidades de uso aunque sin jurisdicción sobre Arica.

Ahora bien, el problema estaba sujeto a la solución de las controversias con Perú, país que seguía reclamando ambos territorios como propios y cuya situación debía ser soluciona por un plebiscito de los habitantes, de acuerdo a la paz de Ancón. Una vez superado teóricamente este escollo, el acuerdo contemplaba la cesión territorial a Bolivia entre caleta Vítor y Camarones, a cambio de lo cual La Paz indemnizaría la entrega con 5 millones de pesos en plata.

Aunque los historiadores bolivianos culpan casi en perfecto coro gregoriano a Chile del fracaso de esta negociación, existe un antecedente histórico que pone de manifiesto desde dónde se gestaría su defunción, cuando los representantes de Perú y Argentina fueron puestos en conocimiento de la existencia de ellos gracias parlamentarios bolivianos contrarios a dicha gestión, violando la confidencialidad de los acuerdos. La prueba de ello es que el gobierno de Buenos Aires envió raudamente a Bolivia, el 6 de agosto, al controvertido agente diplomático Dardo Rocha y Arana, amigo y ex colaborador del General Julio Roca y ambicioso aspirante frustrado a sucederlo en el cargo presidencial.

Rocha llegó al Altiplano especialmente instruido de informar a su ministerio del desarrollo de estas negociaciones e intentar intervenir en favor de desahuciar el acuerdo, ya que Argentina tenía particular interés en las controversias del Pacífico y cómo estas afectarían sus aspiraciones sobre la Puna de Atacama, otro territorio que también estaba en disputa con Chile. Por otro lado, como los gobiernos bolivianos de los presidentes Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso fueron víctimas de una radical impopularidad, sus enemigos políticos no cejaron en atacarlos haciendo pública la negociación de Tacna y Arica, reclamando de regreso los territorios “cautivos” de Antofagasta y sin perder un día en torpedear los acuerdos.

En este clima hostil, el representante chileno Juan Gonzalo Matta intentó salvar los tres acuerdos de mayo firmando un nuevo protocolo en La Paz, con fecha 9 de diciembre, donde se los presentaba como un todo indivisible y sin la posibilidad de ser aprobados por separado o modificados. Ante este nuevo panorama que ponía en peligro sus propósitos, Rocha no tuvo escrúpulos en correr a persuadir a los opositores apenas entró el protocolo a la Asamblea del Altiplano, violando los mínimos preceptos de prudencia diplomática y de no intervención en asuntos extranjeros. Sin embargo, la tentación de los asambleístas por Tacna y Arica fue mayor y se lo aprobó con gran mayoría ante la desazón suya y de los políticos bolivianos más duros.

Iba viento en popa el destino del acuerdo que habría sacado a Bolivia del encierro geográfico que hasta hoy nos reprocha, cuando sucedió lo impensado, justo en los meses en que correspondió la suscripción de un protocolo adicional aclaratorio del 30 de abril de 1896, donde Chile reafirmaba su compromiso a cumplir con la cesión territorial, pero con la condición de que Bolivia ratificara los Protocolos de Crédito y Aclaratorio, ambos, algo de vital importancia para comprender el desenlace de esta negociación.

Como Lima ya estaba al tanto de estas conversaciones, el Presidente del Perú don Nicolás de Piérola y su Canciller Ortiz de Zeballos comprensiblemente saltaron como heridos por el rayo al ver peligrar sus expectativas de recuperación de Tacna y Arica, por lo que ordenaron con urgencia a su representante en Chile, Melitón Porras, presentarse en la Cancillería de Chile el 10 de julio para asegurar que Perú jamás aceptaría ceder esos territorios a Bolivia, aunque estuviesen bajo dominio chileno. La bravata no fue suficiente, sin embargo, y las esperanzas chilenas de salvar el protocolo continuaron al frente.

En tanto, sin embargo, agentes peruanos en Bolivia lograron hacerse de documentación secreta que lograron obtener directamente desde la Asamblea y la hicieron pública, provocando un estallido de iras populares hábilmente conducidas por los opositores, como queda testimoniado también en la prensa paceña de la época.

El ambiente rancio y nacionalista logró volcar la situación de mayorías y minorías del año anterior, y el revanchismo cundió como el fuego en el pasto seco. Para peor, el día 13 de agosto murió asesinado en la Plaza de Armas de Sucre el plenipotenciario chileno Matta, aparentemente víctima de un crimen pasional, aunque su verdugo, José Cuellar, jamás fue castigado pues se le hizo pasar por demente.

Finalmente, triunfando el clima opositor y antichileno dirigido por los exaltados, la Asamblea cedió a la presión del ala contumaz y, tras extenuantes sesiones de debate y discusiones, declaraba con inusitada prepotencia el 7 de noviembre, que Bolivia se reservaba el derecho “de calificar si el puerto o zona que pudiese ofrecer Chile en cualesquiera de los eventos previstos como subsidiarios de Arica, reunía o no las condiciones establecidas en los pactos”.

Es decir, La Paz elegiría a dedo el puerto de su gusto para ser cedido por Chile para no perturbar los entendibles deseos peruanos de recuperación de Arica.

Y más aún: como correspondía la siguiente palabra legislativa a Chile, la aprobación del acuerdo y la entrada en vigencia del mismo quedaban condicionadas sólo a si el Congreso de Santiago lo ratificaba con esta ladina observación adicional, sin otra alternativa. Esto es tan obvio que ha sido reconocido tantos años más tarde por el propio encargado de la página editorial del diario “La Razón” de La Paz, en una fuerte crítica a la estrategia de los Chávez publicada el 3 de abril pasado, que acabamos de encontrar haciendo algunas consultas en la prensa para este mismo artículo.

Evidentemente, la voltereta de carnero dada en aquel entonces sobre la intención del acuerdo original por parte de Bolivia, pretendía descartar Tacna y Arica para no dañar las pretensiones recuperacionistas del Perú sobre esos territorios, y además complacía el deseo de los grupos “reinvindicacionistas” altiplánicos con los ojos puestos sobre Antofagasta y/o Mejillones, las “cautivas”, por mucho que los historiadores bolivianos y sus simpatizantes incluso acá en Chile traten de minimizar este acto para reducirlo de la verdadera dimensión que ocupa, como causal del aborto a los protocolos de 1895 y 1896.

Así, sin más remedio que el desahucio de las negociaciones, La Moneda dejó atrás el proyecto de acuerdo, por lo que jamás fue aprobado en suelo chileno. De ahí en adelante, todo se dirigió al Tratado de 1904 que, si bien acercó a Bolivia como nunca antes a las costas del Pacífico gracias a las facilidades procuradas para usar los puertos chilenos, no complacía sus aspiraciones nacionalistas de costas propias, como sí lo habrían hecho las trasferencias territoriales planificadas antes en los protocolos.

Pasado ya más de un siglo, los hermanos Chávez están convencidos de haber descubierto un punto de partida para el eventual reclamo boliviano ante La Haya, a partir del fracaso de esta negociación de fines del siglo XIX. Junto con desconocer que la misma fue abandonada por la audacia y temeridad de La Paz, prefiriendo la idea que dicta el dogma esencial de la historiografía diplomática del país altiplánico y que responsabiliza a Chile por no darles aprobación, los nuevos asesores indirectos o putativos del Presidente Morales han propuesto como uno de los pilares de su llamado al tribunal internacional, el hecho de que el Protocolo del 18 de mayo de 1895 nunca fue cumplido por Santiago.

Es decir, Chile se comprometió a entregar salida al mar en Tacna y/o Arica y nunca lo hizo, así que merece ser llevado de una oreja hasta la corte de arbitrajes para que cumpla con su deuda.

La estrategia de La Paz, en este sentido, será proponer a Chile como el país que incumplió los convenios y condujo por la fuerza al Tratado de 1904 que, por ironía pragmática, Bolivia pretende mantener vigente por un lado (el de las facilidades de uso de puertos, por eso nos acusa de no estarlo cumpliendo cabalmente) y por otro pretende revisar para poder acceder a costas propias y soberanas no contempladas en el mismo (pero sí en el Protocolo de 1895, como hemos visto).

Tan frágil es este plan, fraguado por los hermanos en su folleto titulado “Proyecto de demanda marítima boliviana” donde se lo sintetiza y presenta, que sus propios gestores han intentado darle un poco más de cuerpo anticipando uno de los refuerzos que permitirían a Bolivia aparecer ante el tribunal alegando que Chile es la parte incumplidora: por surrealista que suene, los Chávez esgrimen como demostración empírica de su tesis el ejemplo del Tratado de Paucarpata del 17 de noviembre 1837, cual prueba del incumplimiento histórico chileno (ver periódico paceño “Cambio”, del 3 de abril de 2011).

En otras palabras, se presentará un intento de acuerdo firmado entre el Protector Santa Cruz y el Almirante Blanco Encalada, sin atribuciones para tal acto y con el único propósito de evitar llevar a las manos a ambos ejércitos, que además nunca fue aprobado, no sólo siendo anulado instantáneamente cuando llegó a Chile, sino que le valió un bullado juicio militar al uniformado del que salió limpio sólo por sus fuertes influencias dentro de los cuarteles y la política, con la sentencia publicada con el título “Defensa del Jeneral Blanco, dictamen fiscal y sentencia de la corte marcial que confirma la absolución pronunciada por el Consejo de Guerra de oficiales jenerales sobre los cargos que se hacían a dicho jeneral por su conducta en la campaña del Perú”, de 1838.

Así pues, Bolivia parte a presentarse a La Haya con un pie cortado y hemorrágico: con la fotocopia de un protocolo que fue anulado por los otros dos siguientes del 9 de diciembre de 1895 y del 30 de mayo de 1896, por cuanto ambos establecían al anterior una carga modal de cumplimiento y vigencia como compromiso, que era precisamente la condición de ser aprobado en su conjunto por la Asamblea de Bolivia y en los términos ya propuestos, cosa que ya hemos visto no sucedió, por decisión del propio país vecino que prefirió alterar los términos de la cesión territorial y tomarse la libertad de escoger a su acomodo un sitio en el litoral. No será de sorprender si modifica sobre la marcha su postura argumental y quizás hasta su estrategia general.

Al parecer, los "asesores" no han caído en cuenta de que estos dos convenios posteriores están directamente relacionados con la validez del anterior de cesión territorial, por lo que si acaso se está en otro juego negacionista, llevarlo así como se lee al tribunal sólo expondrá a Bolivia a verse como la misma parte incumplidora que pretende ser imputada a Chile, además de demostrar la legitimidad de las negociaciones posteriores que arribaron en el vilipendiado y despreciado Tratado de 1904, lejos de haber sido firmado con el corvo al cuello, como sostiene sempiternamente el discurso oficial paceño.

De paso, además, bastaría un par de minutos para que la representación chilena demuestre, en base al mismo argumento expuesto por los juristas bolivianos, que el Protocolo de 1895 que se alega “incumplido”, en realidad quedó totalmente anulado y descartado el mismo día 7 de noviembre de 1896 en que la propia Bolivia le dio el golpe de muerte con su cambio esencial sobre el mismo, descartándose así toda supuesta vigencia que hubiese tenido ya al momento en que debía ser ratificado por Chile, cosa que tampoco sucedió, por lo mismo. En otras palabras, no hay NADA pendiente de cumplir al respecto.

Parece un hecho ya cómo evaluarán este bochornoso tránsito diplomático los historiadores bolivianos del futuro, cuando hablen de “negociaciones llevadas adelante con los gobiernos de Bachelet y Piñera”, que parecieron promisorias pero que “debieron ser descartadas por el Presidente Morales” ante la actitud de desidia y la presión chilena “por hacerlos fracasar engañando a Bolivia”. Total, el papel, la internet y hasta los libros de historia que más academicismo presuman, finalmente aguantan de todo...

Y ojo, porque es de sospechar que también lo puede hacer La Haya, así que no hay garantías en esto.